A partir de este domingo, los precios de la nafta y el gasoil han experimentado un nuevo aumento en toda Argentina, impulsado por el ajuste parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) decretado por el Gobierno. Este incremento ha llevado a que todas las variedades de combustibles superen los $1.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que hasta ahora no había alcanzado ni siquiera las opciones más económicas.
El aumento de estos impuestos se formalizó a través del decreto 770, publicado recientemente en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo. Según el decreto, con el objetivo de continuar con la política implementada en los decretos anteriores, se ha decidido diferir parcialmente los efectos de los incrementos que debían aplicarse a partir del 1° de septiembre de 2024. Esta medida se tomó para mitigar el impacto directo en la inflación.
Desde el comienzo del año, los combustibles han acumulado un alza de 81,6%, lo que representa un incremento significativo en los costos para los consumidores. Este ajuste se suma a una serie de aumentos anteriores y refleja el impacto continuo de las políticas fiscales y económicas vigentes.
Las principales refinadoras del país, YPF, Shell, Axion, y Puma, han trasladado el aumento de los impuestos y la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, que fue del 2%, a los precios finales. En consecuencia, el precio del litro de nafta ha aumentado en promedio un 3% en la Ciudad de Buenos Aires, en un esfuerzo por reducir la diferencia de precios con las provincias del interior del país. Este incremento se distribuye de la siguiente manera: la nafta súper ha pasado de $992 a $1.059 por litro (un aumento del 6,75%), la nafta premium de $1.226 a $1.309 (6,75%), el gasoil de $1.032 a $1.084 (5%), y el gasoil premium de $1.244 a $1.334 (1%).
Estos ajustes en los precios reflejan los desafíos económicos que enfrenta el país y subrayan la necesidad de monitorear de cerca los impactos de estas políticas en la economía general y en los bolsillos de los ciudadanos.