En un acto conjunto entre la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la Policía Federal Argentina (PFA), se procedió a la destrucción de más de 10 mil armas de fuego, que habían sido secuestradas en diversas investigaciones judiciales y abandonadas por sus dueños en diferentes regiones del país. Infobae tuvo acceso a este importante evento realizado en el partido bonaerense de Campana, que marca el segundo procedimiento de este tipo en el año, elevando la cifra acumulada entre 2022 y 2023 a 62.606 armas eliminadas.


Las armas ue incluían pistolas, revólveres y escopetas, fueron decomisadas durante investigaciones penales llevadas a cabo por instituciones judiciales de provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Tucumán, Buenos Aires y La Pampa. Además, algunas armas fueron entregadas de manera individual como parte del proceso de regularización de usuarios con inscripción vencida.
La operación se basó en las Resoluciones ANMaC N° 147 y 148/2023, que autorizaron la destrucción de estos materiales, en consonancia con la política pública destinada a eliminar materiales controlados confiscados bajo las Leyes N° 20.429, 25.938 y 26.216. Esta iniciativa se encuentra detallada en el Plan Estratégico Trienal de la ANMaC 2023-2025, conforme a la Resolución ANMaC N° 189/2023.
La Directora Ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou, destacó la efectiva coordinación entre organismos públicos, fuerzas policiales provinciales y federales, resaltando que «superar las 60 mil armas de fuego destruidas, con un alto porcentaje de material proveniente de investigaciones criminales, significa un importante avance para la Argentina en la reducción y eliminación de armas de su circulación en los mercados ilegales». Además, anunció que se prevén futuras destrucciones de material controlado como parte de sus metas establecidas en el Plan Estratégico.
En el proceso de destrucción, participaron diversas áreas de la ANMaC, así como la División de Operaciones y Contramedidas de Armas y Explosivos de la PFA. El evento contó con la presencia de funcionarios destacados, incluyendo a Mercedes La Gioiosa, secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad; Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos; y Carlos Munisaga, ministro de Seguridad de San Juan, entre otros.
La destrucción de estas armas marca un paso significativo en los esfuerzos del Gobierno argentino por reducir la circulación de armas de fuego en el país y contribuir a la seguridad pública.