Así lo indica un relevamiento realizado del 20 al 25 de julio sobre el servicio de luz y agua potable en el AMBA, el cual reveló que La Matanza es una de las zonas más afectadas por la falta de suministro eléctrico.

Según el estudio, en la provincia de Buenos Aires se registraron 385 casos testigo sobre el suministro eléctrico que se hicieron en barrios vulnerables de La Matanza, Escobar, Florencio Varela y Tres de Febrero.

En el informe, Acceso a la Justicia hizo hincapié en que «los derechos humanos de millones de personas» están «en riesgo si el acceso a la luz y al agua se ven interrumpidos, mal provistos, mal conectados y/o se tornan una estafa y/o una imposibilidad».

Teniendo en cuenta que «las vidas humanas están marcadas por condiciones precarias de vivienda, trabajos informales, mala alimentación, saturación o inaccesibilidad a los servicios públicos», se anticipa «un riesgo inminente que requiere acciones positivas desde el Estado Nacional», sentenció el informe.

«En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio los cortes de luz y suministro de agua que afectaron la zona del área Metropolitana de Buenos Aires expusieron aún más la vulnerabilidad y la desigualdad social en la que viven amplios sectores de la población», sostuvo el informe cuando analizó el estado de situación.

Utilizando la densidad de consultas como parámetros, el informe dio cuenta de que «La Matanza es la más afectada con el 62% de consultas, seguida por Escobar con un 30% y Florencio Varela con un 4%».

Los problemas en el servicio eléctrico se refirieron a «cortes de luz y baja tensión, falta de medidor, cambio de titularidad, sobrefacturación, riesgo eléctrico, cortes repetidos y extensos, artefactos quemados, insuficiencia en el servicio y baja tensión y posible estafa«.

Entre las consecuencias que acarrean para los hogares los cortes de luz, teniendo en cuenta que además por la pandemia de coronavirus la sociedad está en aislamiento social, está restringida la posibilidad de movilizarse y trasladarse.

«Perdida de alimentos, incomunicación, imposibilidad de trabajar remotamente, avería de electrodomésticos, inseguridad, exposición a bajas temperaturas y falta de señalización vial», son las implicancias que detalló el informe.

«Establecimos una Mesa de Trabajo con el titular del ENRE, Federico Basualdo, para la resolución de casos urgentes en materia de mala facturación, cortes de luz y riesgo eléctrico. De igual manera con la titular de AySA, Malena Galmarini», dio cuenta el estudio.

Con respecto al servicio de agua potable y saneamiento se registraron 36 casos testigo en barrios de La Matanza, Escobar, Castelar y Lomas de Zamora.

«Las consultas relevadas fueron por falta de suministro, de presión de agua, rotura de llave de agua y cloaca al descubierto», advirtió el monitoreo.

La situación en Quilmes tuvo un capítulo aparte: el distrito tiene «algunos de los barrios más vulnerables como Villa Itatí , IAPI, Villa Azul, Villa EL Monte y Villa el Matadero, entre otros», se explicó.

Sin embargo «desde el 2016 no se tiene registro de estos nuevos barrios agregados», detallaron a través del informe en el que además se indicó que el municipio adhirió a través de distintas ordenanzas a promoverlo para que tengan acceso a los servicios.

Aunque, se detalló, aún los asentamientos de Quilmes que sí están registrados «tienen serios inconvenientes con el suministro del servicio eléctrico».

En 1994 hubo un convenio marco que se firmó con las empresas de servicio eléctrico en el que se clasificaba a los distintos tipos de barrios vulnerables en asentamientos categoría A, B (que a su vez tiene dos subcategorías) y barrios carenciados con soluciones distintas para cada uno.

Sin embargo, según el informe «esos barrios firmantes son los mismos que aún hoy siguen teniendo serios inconvenientes con el suministro del servicio eléctrico y algunos de los nuevos ni siquiera cuentan con el servicio».