El negocio de las tomas en el conurbano bonaerense: una estafa que recauda más de $120 millones
Un informe de TN El Investiga reveló cómo tierras usurpadas en González Catán y Rafael Castillo se ofrecen por hasta $80.000. Una supuesta abogada garantiza un título de propiedad trucho y promete evitar el desalojo.
En La Matanza una estafa millonaria se suscita día a día: más de 4000 lotes emplazados en 200 hectáreas se venden a un promedio de $30.000. Se trata de tierras en las localidades de Rafael Castillo y González Catán que fueron usurpadas.
Un informe de El Investiga retrata una situación alarmante: terrenos ofrecidos por personas que dicen ser sus dueños y se pasean como corredores inmobiliarios bajo el rayo del sol. Una toma que no se produce por necesidad, sino por negocio.
«El dueño es el que viene, se planta y se queda acá», explica una mujer sobre cómo obtuvo esa pequeña parcela de tierra de 10 x 30 que ofrece a unos $40.000. «Yo lo agarré, cuando se hizo la toma», agrega.
El terreno del que habla se encuentra en la localidad de Rafael Castillo, donde se ofrecen alrededor de 2000 lotes emplazados en 70 hectáreas que fueron usurpados a sus verdaderos dueños: tienen 50 y 20 hectáreas, respectivamente. A raíz de la toma se inició una demanda y el expediente se encuentra en pleno trámite judicial, pero el continúa.
Ariel, un vecino de la zona que denunció las tomas «Nadie que precise va a vender indiscriminadamente. Están invadiendo los predios. Estamos a la buena de Dios».
La supuesta abogada, ex candidata a Concejal de La Matanza.
Cristina Vinditti. Créditos: El Investiga
En el predio de Rafael Castillo todos hablan de una supuesta abogada a la que hay que visitar para obtener un título de propiedad trucho. Se trata de Cristina Venditti, una gestora y docente universitaria que cobra $5300 y promete los papeles del terreno y asegura que ya fue a la Justicia para impedir el desalojo de las tomas de La Matanza.
«Fue candidata a concejal y docente universitaria. «Tengo una trayectoria de más de 10 años, no solo una carrera judicial sino política», resalta.
Toma de tierras en González Catán. Créditos: El Investiga
La toma en González Catán
A solo 10 cuadras de la toma de Rafael Castillo, la situación es similar. Otro predio de 120 hectáreas de tierras fiscales, pertenecientes al municipio de La Matanza, fue usurpado y se divide en terrenos de 10 x 30 que esperan un comprador. Parece un barrio consolidado, casi una ciudad, con calles abiertas y cientos de casillas a la venta a precios que parecen irresistibles: una pequeña parcela se ofrece a $10.000. En esa zona los vendedores ofrecen casillas armadas por $60.000 y aseguran que «colgarse» de la luz cuesta $1500. Las conexiones clandestinas se hacen a la luz del día. No hay presencia policial ni municipal. Todos saben que son terrenos que pertenecen a La Matanza, pero nadie interviene para frenar la operación.
Para evitar que otras personas ocupen los terrenos, los usurpadores le pagan a un cuidador que recorre la zona -armado- para evitar el ingreso de curiosos. «Tengo fierro, cuido todo a la noche», dice, y toma los $5000 que cuesta el servicio.
El fallo de la Corte bonaerense
En abril de 2019 la Corte Suprema bonaerense aprobó a través de la resolución nº 707/19 un protocolo de actuación para los casos de usurpación de tierras. La resolución funciona, de alguna manera, como un freno a los desalojos. La medida tiende a evitar que se comprometan otros derechos humanos de los que usurpan la tierra y establece que no se puede prescindir del respeto a la dignidad de estas personas, por lo que debe garantizarse el derecho a la vivienda.
En otras palabras, la iniciativa busca reducir el impacto que puede generar un desalojo y propone audiencias públicas y un censo.
