Dentro del fallo, el magistrado procesó también al ex Director Administrativo del Garrahan, Alan Norton y mandó trabar embargo sobre los bienes de ambos imputados por un millón y medio de pesos a cada uno; ahora la defensa de Kambourian interpuso un recurso de apelación que está bajo análisis de la Cámara Federal porteña.

De acuerdo con la acusación de la fiscal federal María Mángano sustentada con el material probatorio reunido en la instrucción, se pudo constatar que los imputados habían sustraído sumas de dinero del erario público del Hospital de Pediatría “Prof. Juan P. Garrahan” para su uso en beneficio personal.

La fiscal indició que se determinó que entre el mes de mayo del año 2018 y enero de 2020, Kambourian y Norton utilizaron distintas tarjetas corporativas VISA emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital con las que realizaron compras y gastos en beneficio propio, los que luego no fueron justificados por los imputados.

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Esta tarde, el periodista oficialista Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el canciller Felipe Solá y al menos otros seis funcionarios se vacunaron en un operativo que se organizó en secreto en el propio ministerio.

Verbitsky mismo había admitido esa información por la mañana, en una entrevista por radio en la que dio detalles de cómo se hizo la vacunación. El propio Verbitsky admitió que logró vacunarse luego de haber llamado personalmente a González García, a pesar de que no se había anotado en las listas para conseguir turno a partir de diciembre como hicieron los ciudadanos en diferentes provincias.

El Presidente de la Nación, según informaron funcionarios del Ejecutivo, le pidió a González García que le pase un informe por escrito sobre ese operativo de vacunación exclusivo

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En la presentación que hizo ante la Oficina Anticorrupción, el Presidente declaró bienes por más de 151 millones de pesos. En 2017, había sido menos de $100 millones.

Mauricio Macri presentó su declaración jurada de 2018, con bienes por más de 151 millones de pesos. Se trata de un incremento en su patrimonio superior al 51 por ciento, en relación al año anterior.

Los datos se desprenden de la declaración jurada que el Presidente hizo días atrás, al filo del vencimiento, ante la Oficina Anticorrupción, en la que detalló tener bienes por $151.688.684,18 y no poseer deudas.

En su presentación anterior, Macri había declarado bienes por $99.876.155,31. En esa ocasión, el aumento en relación a 2016 había sido del 21% ya que ostentaba $82.602.401,68.

En la declaración jurada no se incluyen los bienes que el Presidente incluyó en el fideicomiso «ciego» que constituyó en abril de 2016, con el objetivo de garantizar «mayor transparencia» a su gestión. Macri no podrá disponer de esos bienes hasta seis meses después de dejar su cargo.

Es la primera vez que el crecimiento patrimonial de Macri crece en relación a la inflación desde que asumió la Presidencia.

Según el informe al que accedió Clarín, en octubre de 2018 Macri compró bonos de deuda argentina por más de 94 millones de pesos.

Fueron, según precisa, dos operaciones. Una por $54.301.740 y otra por $39.916.800.

Además, el jefe de Estado declaró tener participación en seis propiedades, por más de 26 millones de pesos: el 30 por ciento de un departamento con cochera en la Capital Federal, por un valor aproximado de $3.207.591; el 100% de un lote en la localidad salteña de Pluma de Pato, Salta, por $4.622.552; y el 25 por ciento de tres lotes en Pilar, por $880.486, cada uno.

En el inmueble que Macri ya tenía en Maldonado, Uruguay, se explica parte del incremento patrimonial: en 2017 su valuación, según la DDJJ, era de $7.419.600. Por el salto del dólar, su valor asciende, según la reciente declaración jurada, a $15 millones.

Por la misma razón, los 90 mil dólares que ya tenía en efectivo en 2017, y le representaban $1.669.410; Macri ahora declaró $3.375.000.

En 2017, antes de la fuerte devaluación, Macri había declarado depósitos en pesos por $2.783.469. En la declaración por 2018, el mandatario precisa tener 91.593 pesos.

Pero no invirtió en dólares. Por el contrario: de la diferencia de las últimas dos declaraciones juradas, se desprende que Macri se desprendió de más de 200 mil dólares: en 2017, había declarado US$252.940,39, por unos $4.691.791,29; mientras que en la última presentación reporta 50.726,39 dólares, alrededor de $1.902.239,63.

Mucho más modesto es el patrimonio de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Y también su crecimiento. En 2017 declaró bienes por 886.853 pesos; y cerró 2018 con 1.036.397. En rigor, casi no tuvo variaciones en cuanto a depósitos y efectivo: la suba obedeció casi exclusivamente al valor del departamento en la Ciudad, del que posee el 50%, que producto de la devaluación del dólar, pasó de $284.717 a $420.243.

El de menor patrimonio entre los ministros es el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien de todas maneras vio incrementarse sus bienes, que pasaron de $651.805 a $974.257. En su caso, que no posee dólares y cuenta con ahorros por 212 mil pesos, el crecimiento se explica en el cambio de la valuación del departamento de 72 metros cuadrados que tiene en Palermo (pasó 212 a 475 mil pesos) y en la Volskwagen Suran 2013 que maneja (de 180 a 227 mil pesos). La buena noticia para Peña es que saldó los 37 mil pesos de deuda que tenía de un crédito, según apuntaron desde su entorno.

Fuente Clarín

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Madre de dos hijas con retraso madurativo, la actriz suele difundir fotos, comentarios y los problemas que debe enfrentar para garantizarles salud y educación acordes con sus necesidades. Ahora denuncia la quita de pensiones, el desmantelamiento del sistema de atención, el congelamiento para los prestadores y la subejecución de las partidas presupuestarias.

Inés Estévez se unió a la difusión una convocatoria del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y además de poner en su Twitter el flyer llamando a la marcha que se realizó el martes, también hizo, a través de la red, un llamado al presidente Macri, a la vicepresidenta Michetti y al diputado nacional y candidato a senador por la Capital Martín Lousteau.

La actriz y cantante es madre de dos niñas con retraso madurativo y suele postear fotos y comentarios sobre ellas, sus avances y los problemas que debe enfrentar para garantizarles salud y educación acordes con sus necesidades, destacando las dificultades burocráticas y de todo tipo que se plantean a las personas con discapacidad. «No abandonen a nuestros hijos y familiares. No abandonen a mis hijas, y a nosotros, los padres que luchamos a diario para sacarlos adelante», escribió Estévez.

En la convocatoria, el Foro asegura que intenta visibilizar la «grave situación del sistema de atención a las personas con discapacidad». Viene denunciando desde hace tiempo la quita de pensiones, el desmantelamiento del sistema de atención a los que tienen pensiones no contributivas, el congelamiento de los aranceles para los prestadores y la subejecución de las partidas presupuestarias. No es la primera convocatoria pública: desde hace muchos meses organizan marchas en sillas de ruedas y manifestaciones frente al Congreso Nacional

Estévez recibió comentarios adversos de varios usuarios que la tildaron de «demagoga» y de «hacer política K» por su mención a Macri, Michetti y Lousteau, a los que respondió que el pedido a través de las redes estaba motivado por su deseo de ampliar la difusión de la convocatoria luego de que todos los recursos por las vías legales y burocráticas hubieran sido agotados sin obtener ninguna solución.

Y afirmó que las instituciones a las que asisten sus niñas, así como también los transportes y terapeutas que los atienden, no cobran su sueldo hace seis meses y están a punto de colapsar. “Yo soy parte de los damnificados, mis dos hijas, y cientos de padres con niños o familiares con discapacidad que ven entorpecidas las prestaciones y tratamientos”, sostuvo la artista.

Fuente Página 12

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El mercado no parece reaccionar ante la exorbitante tasa de interés. Tanto los grandes jugadores como los pequeños ahorristas le quitan dólares al circuito financiero, mientras el FMI le asegura a Macri las divisas hasta las elecciones

El esquema de timba financiera que promovió el gobierno de Mauricio Macridio grandes resultados para quienes especularon con los vaivenes del dólar y la economía argentina. En los últimos tres años y medio, la fuga de capitales asciende hasta los U$S 72.234 millonesy sólo en el primer semestre se fue del país más de la totalidad que mostró el 2018.

El Banco Central (BCRA) publicó este martes su informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del mes de junio. La curiosidad que arrojó el documento fue que, a pesar de una relativa calma cambiaria, la fuga de capitales se mantuvo en niveles muy preocupantes.

Durante el mes, la salida neta de divisas fue de U$S 1.349 millones y acumula U$S 10.881 millones en el primer semestre de 2019. De esta forma, superó en apenas un semestre la marca alcanzada a lo largo de todo el año pasado.

Desde la llegada de Mauricio Macri en 2015, ya se fugaron del sistema financiero local U$S 72.234 millones. Esto representa el equivalente al 60% de la deuda emitida por Cambiemos. En 2016 se fugaron U$S 27.000 millones, mientras que al año siguiente la fuga llegó a los U$S 22.000 millones. En 2018, se fugaron del sistema U$S 9.900 millones de dólares y este año, la cifra parece conducir a una salida récord.

Para clarificar el panorama financiero, la fuga de capitales no hace referencia a una estricta salida de activos a otro país. Hay diversas modalidades:

1. Por remisión de utilidades: Cuando una empresa multinacional obtiene ingresos en el país por la venta de un bien o servicio y luego cambia sus ganancias de pesos a dólares para girarlas a su casa matriz está fugando divisas. Son dólares que se van del sistema financiero local.
2. Por atesoramiento: Cuando un inversor o empresa compra dólares para atesorarlos por fuera del sistema (guardarlos «debajo del colchón» o en una caja de seguridad) se están fugando divisas. Aunque no salgan del país, son dólares que dejan de estar a disposición del sistema bancario.
3. Por pago de intereses de deuda externa: Cuando el Estado gira dinero a acreedores externos, incluidos el FMI y otros organismos internacionales de crédito, está sacando dólares de la plaza local.
4. Por turismo: Todo gasto de un turista argentino en el exterior, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito, implica una fuga de divisas. Es dinero que se va para no volver.
5. Ilegal, a través de «cuevas»: Las casas de cambio no registradas suelen ofrecer el servicio de transferencias al exterior por fuera de la órbita de control del Banco Central. ¿Cómo lo hacen? La cueva tiene un cliente A en el exterior que quiere traer dinero al país sin declararlo y un cliente B en el país que quiere sacarlo sin que la AFIP se entere. La operatoria requiere sacar capital del circuito financiero.
6. Contado con «liqui»: Un inversor que tiene cuentas abiertas en sociedades de bolsa el país y EE.UU. compra acciones o títulos públicos en el mercado local y luego le pide a su agente de bolsa.

Juntos por la fuga

El economista Juan Valerdi explicó a El Destape cómo funciona el esquema actual: “Ahora tenés a las empresas que se aprovechan de la desregulación financiera, ante una actitud laxa de la AFIP, y a los pequeños ahorristas que tratan de protegerse de la inflación y del movimiento que los bancos hacen con su dinero”. Y agregó: “Entonces tenés la fuga exterior (pocos agentes y montos muy grandes) y la interna, que se va al colchón (muchos agentes y montos bajos)”. Cabe destacar que hay alrededor de U$S 28.000 millones puestos en plazos fijos en el sistema, una burbuja financiera realmente exorbitante.

“La fuga que hay ahora es facilitada por la bicicleta financiera y la posibilidad de poder transferir U$S 100 millones de tu cuenta en Buenos Aires hacia cuevas fiscales como Bahamas o Panamá. Además, hay que aclarar que no son extranjeros quienes juegan con el carry trade o los bonos, son los argentinos”, enfatizó. “Los jugadores locales tiene información sobre el mercado y presionan para que el país tome deuda, ya que están asesorados”, aclaró.

¿Pero qué sucede cuando se fugan divisas? Se genera un agujero que provoca que gobiernos de este tipo se endeuden. Para tapar el agujero de la balanza comercial, el pago de deuda y también para financiar el gasto corriente. La pesificación de los dólares deja abierto un grifo de dólares que se van. Es lo que verdaderamente hace el FMI: financiar la fuga de capitales por parte de los agentes del mercado.

Respecto a si las PASO influyen sobre los números que registra el 2019, Valerdi señaló que «no es el elemento preponderante”, porque “nadie puede asegurar que si gana Macri se va a poder jugar a la bicicleta financiera durante 4 años más, porque hay evidencia que hay posibilidades de que se produzcan diversos tipos de shocks en la economía”.

De hecho, la política de muy altas tasas de interés del BCRA debería desalentar la fuga de divisas del sistema financiero. La tasa de referencia récord a nivel mundial, debería funcionar como un incentivo para la venta de dólares y posicionarse en instrumentos en pesos. Sin embargo, sucede lo contrario.

El desarme de plazos fijos en pesos le impone presión al dólar. Y la falta de confianza en el modelo económico empieza a marcar el camino de cara a octubre. Ahora será el Gobierno quien deba jugar sus cartas y el mercado se mantendrá expectante para saber hasta donde se estirará Macri para mantener la calma.

Fuente El Destape

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El Presidente está denunciado por beneficiar con casi 500 millones de dólares a Ausol, una de las históricas empresas del Grupo Macri. Luego, tras autorizar un aumento de los peajes del 400% y elevar el precio de la empresa, Macri vendió su participación en Ausol.

El fiscal Carlos Stornelli requirió investigar y solicitó medidas de prueba en relación a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto por supuestas irregularidades en contrato entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol).

Para los denunciantes, le significó a una de las históricas empresas del Grupo Macri una ganancia de 499 millones de dólares. El fiscal también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado, según informó el diputado Tailhade.

En los hechos, el pedido de la fiscalía al juez Rodolfo Canicoba Corral implica la imputación de los funcionarios denunciados: el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, según consignó Tailhade.

Entre las medidas solicitadas por Stornelli se cuentan el secuestro en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.

Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.

Fuente Minuto Uno

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Después de la feria, el expediente se movió de juzgado

La investigación judicial por la licitación de la obra del Paseo del Bajo cambió de manos en las últimas semanas. Es que el juez que quedó sorteado para llevar adelante la investigación, Sebastián Casanello, envió el expediente a su par Claudio Bonadio, el mismo que investiga la causa conocida como los cuadernos de la corrupción kirchnerista.

Es decir que en el mismo jugado en donde se investiga el cobro de coimas por parte de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se apunta a dilucidar si existieron favores o no para beneficiar a la empresa del primo del presidente por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El motivo del envío del expediente, según pudo saber BigBang de fuentes judiciales, tuvo que ver con que después de que se publicó en este medio las irregularidades en la licitación, se presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Bonadio. Esa presentación fue realizada antes de que el titular de las Procuraduria de Investigaciones Administrativas (PIA), Luis Rodríguez, elevó la denuncia que realizó la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura.

En su denuncia, Rodríguez remarcó que existieron una serie de irregularidades en torno a la licitación del Paseo del Bajo entre las que se encontró el cambio de reglas a la hora de abrir los sobres que habrían favorecido a los intereses de la constructora IECSA, que en 2016 (cuando se licitó la obra) era propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Ese expediente no es el único que tiene como actor central a Calcaterra en el juzgado de Bonadio. El primo de Macri es uno de los protagonistas de la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, donde declaró en calidad de arrepentido y aportó información sobre el supuesto pago de coimas para financiar las campañas políticas del Frente para la Victoria (FPV).

En el juzgado de Bonadio ya se encuentra toda la documentación de la licitación de la obra luego de una serie de requerimientos de información que solicitó la fiscal Alejandra Mangano. Pero todavía no pudo terminar de ser digitalizada para su análisis, cuando hace más de un mes que se encuentra en el juzgado. En la mira de los investigadores estará terminar de saber efectivamente cuánto fue el monto que ofertó Corsan-Corvian (Isolux) por el tramo C de la obra.

Cabe destacar que cuando se aprobaron los pliegos de la licitación, por un total de US$ 600 millones, se decidió que la autopista se divida en tres tramos, de los cuales el C el más caro. En la previa a la presentación de las ofertas era un secreto a voces que Corsán-Corviam había comenzado a hacer ofertas muy bajas en diferentes licitaciones para poder hacerse de una cartera de clientes.

El objetivo del nuevo management de la empresa, el dúo conformado por el Banco Santander y la aseguradora La Caja, era poder revalorar la filial argentina de Isolux después del escándalo judicial en el que se vio involucrada en México y España por el pago de soborno por lo que fue bautizada como la “Odebrecht española”.

En ese contexto, cuando llegó la hora de la apertura de las ofertas económicas, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) emitió una serie de circulares con las que cambió el orden. El tramo C pasó a lo último y primero se licitó el A, que era el más barato; quedó en manos de Corsán-Corviam que también presentó ofertas para los otros dos (el B y el C).

De confirmarse que esa oferta fue menor que las de su competidores habría un serio indicio de que el cambio en el orden se trató de una maniobra para favorecer a una empresa cercana a Macri. «Al momento de emitir esa circular se habían presentado todas las ofertas y los sobres 2 estaban todos cerrados, por lo que no había forma de direccionar el proceso. Así que de ninguna manera se hizo nada para alterar el proceso, ni los ganadores», sostuvieron desde la cartera de Desarrollo Urbano y Transporte ante la consulta de Big Bang.

Es por eso que Bonadio no sólo investiga el rol que tuvo AUSA sino también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich.

Fuente BigBang.com

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En la presentación, realizada esta tarde por el presidente de esa asociación defensora de los consumidores, Sergio Procelli, los funcionarios fueron acusados por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y tráfico de influencias”.

La denuncia, a la que accedió La Tecla, es contra “el Secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, los integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, su presidente Esteban Manuel Greco, el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad(ENRE) y todos aquellos funcionarios públicos nacionales y de la provincia de Buenos Aires que hayan intervenido”.

También contra “la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia -Roberto Gigante-, miembros del Directorio y Gerentes de las áreas de control de concesiones, procesos regulatorios y mercados del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia(OCEBA), Luis Pablo Rogelio Pagano y/o cualquier otra persona que hubiera intervenido”.

Todos, según la presentación, están denunciados de “acelerar el proceso de concentración dentro del mercado energético mediante el cual se benefició a distintos empresarios del entorno de “Cambiemos”, con la evidente anuencia tanto del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación”.

La denuncia cita artículos periodísticos de diferentes medios en los que se asegura que los supuestos “socios del presidente Mauricio Macri” compraron empresas de generación y transporte de electricidad y gas “sabiendo que el Presidente aumentaría descomunalmente las tarifas y elevaría los precios mayoristas”.

Finalmente solicita a la justicia que libre oficios requiriendo información a los organismos mencionados, y “se tenga por interpuesta la presente denuncia”, “se produzca la prueba ofrecida” y que “se cite a declarar” bajo indagatoria “a los responsables de los ilícitos denunciados”.

Fuente Revista La Tecla

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LA MATANZA: POR ORDEN JUDICIAL SE PROCEDIÓ AL ALLANAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y OTROS 11 LUGARES

La justicia decidió allanar el Municipio más grande de la Provincia de Buenos Aires, en la causa conocida del “falso pastor”, que involucra a Policías y mención de gente ligada a la seguridad de la Municipalidad. Según fuentes bien informadas hubo en paralelo 11 allanamientos mas entre domicilios particulares y tres comisarías. Esta situación repercute políticamente en el gobierno de Verónica Magario, especialmente la Secretaría d Seguridad a cargo de Carlos Orsingher, a quién acompañaría el Comisario Mayor Roberto Natalio Zalazar, también según dicen con un cargo en el municipio. Con respecto a éste último desde La Matanza dicen que no tienen relación con este funcionario y que no tiene cargo ni oficina en las dependencias de la Municipalidad. Que lo unico que se puede decir que resulta ser custodio de la familia Ballestrini y que el unico lugar que puede haber ocupado es el de la oficina de custodios cuando pasa por ahí. Según pudo conocerse  el Juzgado Federal Número 3 de Morón realizó el operativo “en línea con los requerimientos judiciales” efectuados por Magario y la ejecución del trámite fue delegada por el juez al área de Asuntos Internos de la Bonaerense., que dirige el jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. En la oportunidad los funcionarios policiales fueron recibidos por el Jefe del Gabinete Municipal Alejandro Rodriguez y por el Secretario de Gobierno Gustavo Dutto. La Intendente Verónica Magario se presentó ayer en la Justicia para “despejar las dudas” sobre el tema. Además, días atrás, a través de un comunicado de prensa refutó el informe periodístico en el que se aseguró que el municipio recién aclaró durante septiembre que Puñales no tenía vínculo laboral ni cargo alguno en la comuna.

Fuente El Censor del Oeste

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Luego de la denuncia en el programa PPT de Jorge Lanata, de que funcionarios de su entorno y confianza, màs policías de la Provincia de Buenos Aires estarían involucrados en hechos de corrupción, Verónica Magario respondió a las acusaciones en Canal 26.

Magario, manifestó que todo «es un gran absurdo».

“La denuncia que presenta Lanata es de un preso por secuestros”, aseguró. Además, solicitó a los vecinos del Municipio estar tranquilos: “No dudaría en sacar a funcionarios si tuviera sospechas de corrupción”, afirmó.

Más adelante, destacó que “la política no tiene que ser difamación constante” y que tiene confianza en los hombres con quien trabaja.

“Vimos por televisión la denuncia pero no hubo ninguna notificación”, aseguró y destacó que «nuestro Municipio no tuvo nada que ver con la denuncia».

Finalmente, Magario habló sobre la situación del país de cara a las próximas elecciones de octubre y también pidió por el joven platense desaparecido: “Tenemos que saber que sucedió con Maldonado”, sentenció.

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