A pesar de que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por amplia mayoría en 2025, el Gobierno nacional insiste con un nuevo proyecto que altera sus parámetros centrales. La jugada oficial genera rechazo sindical, advertencias de rectores y pronunciamientos de legisladores que exigen la aplicación efectiva de la norma original.

El Ejecutivo nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, volvió a poner en el centro de la agenda política la discusión sobre el financiamiento de la educación superior al enviar al Congreso un proyecto que reformula la ley aprobada en 2025. El objetivo oficial es adaptar las previsiones de recursos al marco presupuestario vigente, pero críticos aseguran que la propuesta significa un ajuste encubierto que precariza aún más las condiciones del sistema universitario público.

La normativa original, diseñada para garantizar recomposiciones salariales y ampliar las partidas operativas, fue ratificada por la mayoría de los bloques legislativos tras un intento de veto presidencial. No obstante, el Gobierno argumenta que no cuenta con la suficiencia de fondos para implementarla tal como fue sancionada, lo que derivó en la presentación de un texto alternativo con menor impacto fiscal.

Dirigentes de sindicatos docentes, rectores universitarios y autoridades académicas han expresado su rechazo a la iniciativa oficial. Señalan que la reforma propuesta no solo omite el reconocimiento de deudas salariales acumuladas sino que restringe la actualización de las partidas más urgentes, especialmente en un contexto de inflación sostenida y retrocesos en las condiciones laborales.

Además, analistas y representantes del sector recuerdan que la ley inicialmente aprobada contaba con un respaldo técnico que estimaba la factibilidad financiera del esquema diseñado, con aportes basados en la evolución económica del país y sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. La insistencia del Ejecutivo por modificarla ahora es leída como una estrategia para postergar o diluir obligaciones asumidas.

En el ámbito legislativo, algunos legisladores de distintos bloques han anticipado posiciones favorables al rechazo del veto presidencial y el pedido de cumplimiento de la ley original, lo que podría tensar aún más las negociaciones políticas en torno al presupuesto educativo y las prioridades de gasto del Estado argentino.

La comunidad educativa advierte que, de prosperar la reforma impulsada por el Gobierno, el futuro de la educación superior pública quedaría comprometido, con efectos directos sobre la calidad académica, la investigación y el acceso igualitario de estudiantes de sectores vulnerables. La disputa se erige así en uno de los capítulos más sensibles del debate público actual.