La CGT aseguró que la medida de fuerza superó el 90% de acatamiento en todo el país y advirtió que profundizará el plan de lucha si avanza el proyecto en el Congreso. Hubo movilizaciones frente al Parlamento y en distintas provincias, en una de las jornadas de mayor conflictividad desde la asunción de Javier Milei.

La Argentina vivió una de las huelgas más contundentes desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y acompañado por otras centrales obreras, el paro nacional se sintió desde la medianoche con la paralización del transporte, la industria y buena parte de la administración pública. La central sindical estimó un nivel de adhesión cercano al 90 por ciento y sostuvo que la protesta fue una respuesta directa al proyecto de reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados.

Mientras el Presidente desarrollaba actividades oficiales en Estados Unidos, donde mantuvo encuentros y recibió elogios del exmandatario Donald Trump, en el plano local se desplegaba una jornada de protesta que incluyó movilizaciones frente al Congreso y en capitales provinciales. Además de la huelga, en distintos barrios porteños se registraron cacerolazos y ruidazos que anticiparon el alcance que tendría la medida.

“No vamos a resignar derechos”

Desde la conducción de la CGT, el cosecretario general Cristian Jerónimo remarcó que la central obrera no está dispuesta “a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas” históricas del movimiento obrero. En la misma línea, el también dirigente Jorge Sola advirtió que la reforma implicaría un retroceso de “cien años” en materia de derechos individuales y colectivos.

El plan original de la CGT contemplaba una huelga sin movilización centralizada, pero varios gremios nucleados en el Frente Sindical Unido (FreSU) decidieron marchar hacia el Congreso. Entre ellos se destacó la presencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo titular, Abel Furlán, planteó la necesidad de profundizar el plan de lucha e incluso avanzar hacia una medida de 36 horas con movilización, en caso de que el proyecto regrese al Senado con modificaciones.

Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina también acompañaron la protesta y coincidieron en señalar que la iniciativa oficial afecta el sistema de protección laboral vigente.

Transporte, presión oficial y alto impacto

Uno de los focos de atención estuvo puesto en el transporte público. El Gobierno buscó evitar la adhesión de gremios estratégicos como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, que atravesaban instancias de conciliación obligatoria por reclamos salariales. Sin embargo, ambas organizaciones se sumaron al paro general, al considerar que la convocatoria de la CGT no estaba vinculada a sus disputas paritarias específicas.

El resultado fue una marcada reducción de la actividad económica: fábricas sin producción, transporte urbano e interurbano interrumpido y vuelos cancelados o reprogramados. Incluso desde sectores del oficialismo reconocieron en privado que se trató de la huelga más significativa desde que asumió el actual gobierno.

El trasfondo económico y los despidos

La conflictividad sindical se inscribe en un contexto de caída del poder adquisitivo, retracción del consumo y aumento del desempleo. En las últimas semanas, el cierre de la planta de neumáticos Fate —que dejó a más de 900 trabajadores sin empleo— profundizó el malestar en el sector industrial y funcionó como catalizador de la protesta.

Sola sostuvo que la CGT priorizó durante meses la búsqueda de diálogo y la “paz social”, pero que la negativa oficial a revisar el impacto de las medidas económicas, sumada a la pérdida de puestos de trabajo y a la crisis en el sistema de salud sindical, terminó por precipitar la convocatoria al paro.

Frente a las críticas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien calificó la medida como “extorsiva” y habló de pérdidas económicas millonarias, la central obrera respondió que el proyecto contempla una reducción sustancial de aportes patronales y cambios en el financiamiento del sistema previsional que —según su interpretación— beneficiarían al sector financiero en detrimento de los trabajadores.

Tensión con gobernadores y reconfiguración política

Más allá del enfrentamiento con el oficialismo, la jornada dejó expuesta una fisura con sectores del peronismo. Desde la CGT cuestionaron a gobernadores que respaldaron a sus legisladores en el tratamiento de la reforma. Sin mencionarlos de manera directa, dirigentes sindicales apuntaron contra mandatarios provinciales que avalaron el debate parlamentario del proyecto.

En ese marco, se mencionaron críticas hacia referentes como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora, a quienes algunos dirigentes sindicales acusaron de no defender los intereses de los trabajadores.

El trasfondo del reclamo incluye también una discusión estratégica: el rol que el movimiento obrero pretende ocupar en la eventual reconstrucción de una alternativa política opositora. Desde el sindicalismo adelantaron que buscarán protagonismo en ese armado y reivindicaron su papel histórico dentro del movimiento nacional y popular.

Congreso y clima de máxima tensión

Mientras los líderes sindicales evaluaban la contundencia del paro, en el recinto de Diputados continuaba el debate del proyecto. En las inmediaciones del Palacio Legislativo se desplegó un operativo de seguridad ante la concentración de manifestantes que rechazaban la iniciativa.

La jornada cerró con un escenario de alta tensión política y social. Para la CGT, la huelga marcó el inicio de una etapa de confrontación más intensa si el oficialismo insiste con la reforma. Para el Gobierno, en cambio, se trató de una demostración de fuerza sindical que —según su mirada— no alterará el rumbo de las transformaciones económicas impulsadas desde la Casa Rosada.

El desenlace legislativo y la eventual respuesta del Ejecutivo definirán si el conflicto escala hacia nuevas medidas de fuerza o abre una instancia de negociación en un clima atravesado por la incertidumbre económica y la puja por el modelo laboral del país.