El Frente de Sindicatos Unidos confirmó una movilización para el jueves frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral. La convocatoria surge en contraste con la decisión de la CGT de realizar un paro general sin concentración callejera.
La discusión parlamentaria de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo capítulo de tensión en el movimiento sindical. Mientras la conducción de la Confederación General del Trabajo resolvió convocar a un paro general sin movilización para el jueves, distintos gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos confirmaron que ese mismo día se movilizarán hacia el Congreso con el objetivo de rechazar el proyecto.
La convocatoria se realizará bajo la consigna de frenar la reforma en las calles y prevé una concentración central en la Plaza del Congreso, además de acciones simultáneas en distintas ciudades del país. Según informaron los organizadores, la jornada incluirá una conferencia de prensa previa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y luego la movilización hacia el Parlamento.
El espacio sindical que impulsa la marcha reúne a organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación de Aceiteros, la Asociación de Pilotos y la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a las dos centrales de trabajadores. Desde ese sector sostienen que el proyecto implica un retroceso en derechos laborales y cuestionan la estrategia de protesta definida por la central obrera tradicional.
La convocatoria sindical coincide con el tratamiento legislativo del proyecto, que forma parte del paquete de reformas promovido por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa genera resistencias en amplios sectores gremiales, que advierten sobre modificaciones en las condiciones laborales, cambios en indemnizaciones y nuevas modalidades de contratación, entre otros puntos debatidos en el Congreso.
En paralelo, el Ejecutivo anticipó que podría descontar el día a los empleados públicos que adhieran al paro, lo que elevó el tono del conflicto. Desde los sindicatos convocantes respondieron que la huelga constituye un derecho constitucional y ratificaron la movilización como herramienta de presión política y social.
La jornada del jueves, así, se perfila como un escenario de doble protesta: un paro nacional sin movilización impulsado por la CGT y una marcha callejera organizada por gremios que buscan expresar rechazo activo al proyecto en debate.
