La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra y ahora deberá ser analizada por el Senado antes de convertirse en ley. La reforma genera apoyo en amplios sectores políticos y rechazo entre críticos que advierten sobre la falta de un enfoque integral.
En una sesión especial del jueves 12 de febrero, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó con amplia mayoría el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil que disminuye de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos penales graves como homicidio, robos con violencia, abuso sexual y secuestro. La votación cerró con 149 legisladores a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora la iniciativa pasa al Senado para su tratamiento final.
El proyecto, defendido por el oficialismo como una respuesta a la “inaudita realidad del delito juvenil”, busca actualizar una normativa que rige desde 1980. Según el comunicado oficial, la reforma también contempla la creación de institutos especializados donde los adolescentes cumplidores de sanciones recibirán educación, atención médica y tratamiento en adicciones, además de asegurar que no se los aloje en las mismas instalaciones que adultos.
Entre las sanciones previstas, la iniciativa establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores de entre 14 y 16 años. Para infracciones con penas menores, se promueven medidas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, mediación penal juvenil y reparación del daño. El proyecto también reconoce derechos explícitos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil.
El debate contó con opiniones divididas. Desde el oficialismo se destacó que la reducción de edad responde a un consenso político y social, tras consultas con especialistas en desarrollo juvenil y justicia penal. Para quienes impulsan la medida, la reforma es un paso decisivo para combatir la impunidad y reforzar la responsabilidad legal de los adolescentes en delitos graves.
Sin embargo, sectores de la oposición objetaron que la iniciativa carece de un enfoque integral de derechos y atención social, y advirtieron que endurecer penas no resuelve las causas profundas de la conflictividad juvenil. Críticos también sostienen que el proyecto no incorpora suficientes mecanismos preventivos ni recursos para políticas educativas y de inclusión.
Con la media sanción obtenida en diputados, el proyecto enfrenta ahora su etapa más desafiante en el Senado, donde el oficialismo deberá reconstruir apoyos para convertir esta reforma en ley.
