.Mientras avanza el debate por la baja de la edad de imputabilidad, crecen los cuestionamientos sobre la falta de políticas integrales, recursos y dispositivos de contención que permitan abordar la problemática juvenil desde la prevención, la inclusión y una seguridad con perspectiva social
Por Miguel Saredi
La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. La Libertad Avanza aceptó finalmente los 14 años propuestos por el PRO y la UCR, y parte de la oposición lo celebra como un “triunfo” por haber elevado el piso desde los 13. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿es esto realmente lo más importante en materia de seguridad?
Reducir el debate a una cuestión etaria implica, como mínimo, simplificar un problema complejo. La reforma del Régimen Penal Juvenil no puede limitarse a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años sin construir previamente —o al menos en paralelo— un sistema especializado, con recursos, instituciones y profesionales adecuados. De lo contrario, no estaríamos ante una política de seguridad, sino frente a un gesto simbólico con consecuencias reales.
Lo que se necesita con urgencia son fondos específicos para provincias y municipios destinados a la creación de nuevas instalaciones e institutos especializados para menores condenados, que garanticen el acceso efectivo a la educación, la atención médica integral y tratamientos adecuados en casos de consumo problemático o salud mental. Asimismo, se requiere personal capacitado en infancia y adolescencia, ya que debe existir una prohibición absoluta de convivencia entre menores y adultos privados de la libertad. Esto supone nombramientos, formación, ampliación de plantas estatales y, naturalmente, presupuesto.
El propio proyecto reconoce la necesidad de programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prevé la figura de un supervisor especializado designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones. También contempla intervenciones diferenciadas ante situaciones de violencia familiar, problemas de salud mental o consumo problemático, con notificación al juez civil y articulación con organismos de protección de derechos. Todo ello resulta razonable; el problema es que no está garantizado ni su financiamiento ni su implementación.
Además, el dictamen de mayoría incorpora un capítulo destinado a la atención de inimputables, define el rol de equipos interdisciplinarios y establece la responsabilidad civil de los padres. También reconoce, correctamente, derechos de las víctimas, como el patrocinio jurídico gratuito, la asistencia psicológica y social, la participación en instancias de mediación y el derecho a ser informadas y escuchadas durante todo el proceso. Sin embargo, sin estructura ni recursos suficientes, esos derechos corren el riesgo de quedar solo en el papel.
A ello se suma una omisión relevante: el proyecto no crea figuras judiciales especializadas. No se prevén un Fiscal del Joven, un Defensor del Joven, un Juez de Garantías del Joven ni un Juez de Responsabilidad Penal Juvenil. Pretender aplicar un régimen penal juvenil con operadores del sistema penal adulto contradice los estándares internacionales y vacía de contenido el principio de especialidad.
Tampoco existe un plan maestro de infraestructura. No se detallan centros cerrados, abiertos o mixtos, dispositivos terapéuticos ni casas de medio camino que permitan trayectorias progresivas de reinserción. Sin esa red institucional, bajar la edad de imputabilidad implica, en los hechos, empujar a adolescentes hacia un sistema que no está preparado para recibirlos.
Por último, el apartado presupuestario resulta difuso y voluntarista. Se habilita a las provincias a firmar convenios con la Nación para compensar los gastos derivados de la implementación del nuevo régimen, pero no se establecen asignaciones automáticas, fondos garantizados por ley ni criterios objetivos de distribución. Todo queda sujeto a la voluntad política y a la eventual firma de convenios circunstanciales.
La seguridad no mejora cambiando un número si no se modifica el sistema. Sin presupuesto, sin infraestructura, sin operadores especializados y sin una política integral de prevención social del delito, bajar la edad de imputabilidad no constituye una solución. Es, una vez más, una respuesta sencilla frente a un problema complejo. Y así, lamentablemente, todo vuelve a parecer otra gran mentira.
