Policías, gendarmes y agentes del servicio penitenciario denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. El déficit en la obra social IOSFA y la falta de respuestas oficiales agravan la crisis.
La situación de las fuerzas federales en Argentina atraviesa un momento crítico. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, los uniformados aseguran que sus condiciones de vida empeoraron notablemente. Los sueldos, que ya eran bajos, quedaron rezagados frente a la inflación, obligando a muchos a buscar trabajos adicionales para llegar a fin de mes.
El malestar se extiende también a la cobertura médica. El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) acumula reclamos por prestaciones insuficientes y demoras en la atención. Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se registraron más de 7.600 bajas en las fuerzas federales y el servicio penitenciario, reflejando el descontento y la falta de incentivos para permanecer en el sistema.
Aunque se habla de posibles acuartelamientos, el temor a sanciones disciplinarias y a perder el empleo frena cualquier acción colectiva. Los agentes denuncian un “doble discurso” por parte del gobierno, que promete mejoras pero no logra concretarlas.
La ministra de Seguridad, Juan Carlos Monteoliva, enfrenta un escenario complejo heredado de la gestión de Bullrich: salarios magros, déficit en salud y un clima de desconfianza que amenaza con profundizar la crisis
