A casi un año de quedar vacante, el organismo clave para la protección de niñas, niños y adolescentes continúa sin autoridades designadas. El Senado demora el tratamiento y el proceso de selección podría caer en marzo, en un contexto de fuerte ajuste y retroceso de políticas públicas para las infancias.

En medio de un escenario político donde el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en avanzar con reformas estructurales —entre ellas, la iniciativa para reducir la edad de imputabilidad penal a los 13 años—, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permanece acéfala desde hace casi un año. La falta de designación de nuevas autoridades expone una contradicción central: mientras se discuten medidas punitivas sobre adolescentes, el Estado descuida los organismos encargados de garantizar y proteger sus derechos.

La situación fue advertida por el colectivo Infancia en Deuda, que reúne a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. En un comunicado conjunto, señalaron que la vacancia del cargo no responde a problemas administrativos ni a la ausencia de postulantes, sino a una decisión política concreta: la negativa del Senado a tratar la designación de la nueva conducción.

El proceso de selección había concluido formalmente el 22 de septiembre del año pasado, cuando la Comisión Bicameral elevó al Congreso la propuesta surgida del concurso público, tal como lo establece la Ley 26.061. En ese marco, se había definido como candidata a María Paz Bertero, abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y con especialización en temáticas de género.

La Cámara de Diputados aprobó el orden de mérito el 8 de octubre sin introducir modificaciones y giró el expediente al Senado. Sin embargo, desde entonces, la iniciativa permanece sin tratamiento en la Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel. La demora no es menor: el reglamento del concurso fija una vigencia de 180 días desde su elevación al Congreso, plazo que vencerá el próximo 21 de marzo. Si no se avanza antes de esa fecha, todo el proceso podría perder validez y volver a foja cero.

Desde Infancia en Deuda advirtieron que esta omisión institucional tiene consecuencias concretas. La ausencia de autoridades designadas conforme a la normativa vigente limita la capacidad de la Defensoría para exigir políticas públicas, intervenir ante vulneraciones de derechos, monitorear recortes presupuestarios y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

El conflicto se arrastra desde el final del mandato de Marisa Graham, quien ocupó el cargo durante cinco años hasta febrero de 2025. Una resolución interna había habilitado su continuidad para evitar la parálisis del organismo, pero en junio de ese mismo año la Comisión Bicameral resolvió su destitución por mayoría simple, con el impulso del oficialismo y bloques aliados. El argumento fue que su mandato ya había vencido y que la prórroga carecía de legitimidad.

Tras esa decisión, el 3 de junio de 2025 se autorizó a Sebastián Andrés Medina a llevar adelante tareas administrativas y conservatorias hasta que se designe una nueva autoridad. No obstante, desde el propio ámbito de la Defensoría se advirtió que la prolongación de una gestión interina debilita la independencia institucional y posterga decisiones clave para la protección de derechos.

Todo esto ocurre en un contexto social alarmante. Según datos citados por el colectivo, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes del país vive en situación de pobreza, mientras se profundizan los recortes en áreas esenciales como educación, salud, protección social y prevención de violencias. En ese marco, la falta de conducción en el organismo encargado de velar por las infancias refuerza la sensación de desamparo estatal.