El Gobierno nacional profundiza una narrativa xenófoba que replica el modelo estadounidense de persecución a personas migrantes, mientras referentes libertarios refuerzan prejuicios raciales sin sustento estadístico.
El endurecimiento del discurso oficial contra la migración se consolidó en los últimos meses como una de las banderas del gobierno de Javier Milei. A través de campañas audiovisuales, operativos policiales sobreactuados y declaraciones públicas de funcionarios y aliados políticos, la administración libertaria impulsa una agenda que reproduce el esquema de “caza de migrantes” aplicado en Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, con un fuerte componente de racismo y estigmatización social.
En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un spot institucional en el que celebró cifras de personas inadmitidas o expulsadas del país, presentadas como un “récord histórico”. El mensaje, cargado de tono festivo, imitó el estilo de las campañas de la exfuncionaria estadounidense Kristi Noem, conocida por promover políticas agresivas contra migrantes. La versión local, sin embargo, quedó marcada por errores visuales y una puesta en escena de bajo impacto, aunque con el mismo objetivo: legitimar la exclusión y el castigo.
Según datos difundidos por el propio ministerio, cerca de 5.000 personas habrían sido rechazadas o expulsadas entre diciembre y enero, como resultado del refuerzo de controles en fronteras, aeropuertos y rutas. El mensaje oficial insistió en asociar migración con delito, una ecuación que los registros estadísticos desmienten de forma sistemática.
El discurso fue reforzado por el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, cercano al Presidente, quien difundió un video con afirmaciones abiertamente racistas. Allí sostuvo que la mayoría de los habitantes de villas del país serían extranjeros en situación irregular y pidió su expulsión inmediata. La frase, además de xenófoba, carece de sustento: operativos recientes en barrios populares arrojaron cifras muy lejanas a las que el influencer difundió.
Los números oficiales muestran que las personas migrantes en conflicto con la ley representan apenas una fracción mínima del total de residentes extranjeros. Aun así, la narrativa gubernamental insiste en instalar la idea de una amenaza externa, apelando al miedo y al prejuicio como herramientas políticas.
Este giro no es aislado. Durante el año pasado, funcionarios estadounidenses especializados en seguridad fronteriza visitaron el país y firmaron acuerdos bilaterales. Meses después, la retórica y la puesta en escena comenzaron a replicarse en versión local, con un enfoque que convierte a los migrantes en enemigos internos y refuerza prácticas discriminatorias que la Argentina ya conoció en otros momentos de su historia.
