Un fallo federal obligó al Poder Ejecutivo a implementar de manera total la ley sancionada por el Congreso. Si no se cumple en diez días hábiles, comenzarán multas diarias contra funcionarios nacionales. Organizaciones reclaman más compromiso sindical y llaman a la CGT a intervenir activamente.

La Ley de Emergencia en Discapacidad deberá estar completamente operativa antes del 4 de febrero, según lo dispuso la Justicia federal. La resolución judicial intimó al Gobierno nacional a poner en marcha, sin más demoras, la normativa aprobada y ratificada por el Congreso el año pasado, bajo advertencia de sanciones económicas y posibles consecuencias penales para funcionarios de alto rango.

La decisión fue ejecutada en plena feria judicial por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó que en un plazo máximo de diez días hábiles el Poder Ejecutivo garantice la aplicación integral de la ley. Además, el magistrado exigió al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que informen en cinco días el estado real de avance de las medidas dispuestas, acompañadas de la documentación correspondiente.

En caso de incumplimiento, podrían aplicarse multas diarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde las organizaciones que impulsaron el amparo remarcan que ya transcurrieron más de 130 días desde la entrada en vigencia de la ley sin que se haya implementado efectivamente.

Referentes del colectivo de familias y personas con discapacidad calificaron la resolución como un ultimátum definitivo. Señalaron que el fallo deja sin margen las excusas administrativas y pone fin a una cadena de dilaciones que profundizó la crisis del sector. En ese marco, también reclamaron una mayor participación de los actores sindicales y exigieron a la CGT que asuma un rol activo, con más diálogo y acciones concretas en defensa de los derechos vulnerados.

El fallo establece que el Gobierno debe presentar, entre otros puntos clave, la actualización de aranceles para prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de deudas acumuladas, la apertura del programa ARCA para refinanciación, nuevos valores para las prestaciones y el decreto reglamentario de la Ley 27.793, que acumula meses de atraso.

Mientras tanto, organizaciones advierten que el Ejecutivo podría intentar prolongar el conflicto. Ante ese escenario, evalúan impulsar nuevos amparos en distintas jurisdicciones del país y reclaman que el Poder Judicial actúe de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, no regresividad y no discriminación.