A pocas semanas del debate parlamentario, la central sindical prepara una gira por distintas provincias para reunirse con gobernadores y promover cambios en los puntos que considera más perjudiciales para los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) activó un plan de acción política ante la inminencia del tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Con el calendario legislativo avanzando y la Casa Rosada intensificando gestiones para conseguir apoyos, la conducción sindical resolvió salir al interior del país para dialogar con mandatarios provinciales y construir consensos que permitan modificar el proyecto.

El triunvirato que conduce la central obrera, integrado por Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola, comenzó a delinear una recorrida por diversas provincias con el objetivo de sumar a gobernadores que mantienen una postura crítica frente a la iniciativa del presidente Javier Milei. Desde la CGT señalaron que la intención es “llegar a cada provincia”, aunque reconocen que los tiempos son ajustados y el itinerario aún no está cerrado.

La primera escala prevista sería en Santiago del Estero, donde los recibiría el actual gobernador Elías Suárez, quien asumió el pasado 10 de diciembre. Luego, la agenda podría continuar en Tucumán, con un encuentro con Osvaldo Jaldo, y sumar paradas en Jujuy, Córdoba y La Pampa, entre otras jurisdicciones. La idea es realizar el trayecto por vía terrestre, con múltiples postas, en un viaje que podría extenderse varios días.

En paralelo a la ofensiva política, la CGT confirmó que enviará a su equipo de abogados laboralistas a participar de las comisiones técnicas del Senado. Allí presentarán propuestas concretas para modificar artículos del proyecto que consideran regresivos. Entre los puntos que buscan revisar figura la ampliación del listado de actividades esenciales, que obligaría a garantizar un funcionamiento mínimo del 75 % en caso de huelga. Para la central obrera, esta medida restringe de hecho el derecho a paro al incorporar sectores como educación, transporte, telecomunicaciones y aduanas.

Otros ejes de rechazo son la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales y los cambios en las cuotas solidarias. También cuestionan la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplazaría al sistema de indemnizaciones y se financiaría con un aporte del 3 % del salario mensual, recursos que pasarían a ser administrados por el Estado a través de organismos financieros. Desde la CGT advierten que esto implicaría un manejo discrecional de esos fondos.

Mientras el oficialismo dejó trascender que existe margen para introducir modificaciones, la central sindical apuesta a combinar presión política en las provincias con presencia técnica en el Congreso, con la expectativa de incidir en el debate que comenzaría en el Senado a principios de febrero.