A pesar de una orden judicial firme, el Poder Ejecutivo evita definir plazos, montos y mecanismos concretos para aplicar la norma sancionada por el Congreso. Organizaciones y familias denuncian maniobras dilatorias y mantienen el estado de alerta.

El conflicto por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto y genera una creciente preocupación en organizaciones, familias y personas con discapacidad de todo el país. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional y respaldada por un fallo judicial que ordena su implementación inmediata, continúa sin ejecutarse de manera efectiva por parte del Gobierno nacional.

El Juzgado Federal de Campana, en el marco de un amparo colectivo, dispuso que el Poder Ejecutivo avance con la aplicación de la ley. Sin embargo, la respuesta oficial fue considerada insuficiente y evasiva. Según señalan los espacios que impulsaron la demanda, el Gobierno contestó los requerimientos judiciales sin brindar información clara sobre cómo, cuándo ni con qué recursos se cumplirá lo ordenado.

Uno de los puntos más cuestionados es la falta de definiciones en torno a las pensiones no contributivas. Aunque la ley establece lineamientos precisos, el Ejecutivo se limitó a describir su impacto presupuestario y a estimar un universo potencial de beneficiarios, sin detallar el mecanismo de implementación durante el año en curso. Una situación similar se repite con el Programa Federal Incluir Salud, fundamental para garantizar atención médica a personas con discapacidad.

También genera fuerte rechazo la postura oficial respecto de la compensación económica prevista por la ley. La norma busca cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024 y la inflación acumulada. No obstante, el Gobierno propuso un cálculo del 10,5%, cifra que no coincide con las estimaciones de los prestadores ni fue acompañada por normativa específica ni un cronograma de pagos.

Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), su integrante Ana Dones advirtió que el Ejecutivo “hará todo lo posible para no cumplir el fallo judicial” y remarcó que la estrategia es apelar y prolongar los tiempos, mientras la situación del sector se agrava. Además, cuestionó el cierre del organismo encargado de las políticas de discapacidad, al considerar que se trata de un cambio formal que no modifica las prácticas ni garantiza mayor transparencia.

En este contexto, las organizaciones continúan movilizadas. Este lunes a las 20 se realizará una Asamblea Federal de Personas con Discapacidad en Lucha, de manera virtual, con el objetivo de coordinar acciones y definir un plan de lucha a corto plazo. A su vez, el Foro por la Defensa de la Salud Pública convocó a una reunión para el martes, en la que se buscará unificar reclamos de distintos sectores afectados por la falta de respuestas del Estado.

La situación económica profundiza el conflicto. Actualmente, la pensión equivale al 70% de una jubilación mínima, unos 349.299 pesos. Sin embargo, las organizaciones estiman que los gastos mensuales específicos vinculados a la discapacidad —como acompañantes terapéuticos, tratamientos, traslados y medicación— pueden alcanzar los 800 mil pesos, dejando a miles de familias en una situación crítica.