La central obrera busca abrir canales de diálogo con el Gobierno, gobernadores y legisladores mientras analiza posibles medidas de fuerza si no hay cambios en el proyecto. Preocupación por indemnizaciones, aportes y el rol sindical.

Mientras el Gobierno nacional acelera las negociaciones para que el Senado trate y apruebe la reforma laboral en los primeros días de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) comienza a definir su hoja de ruta frente a una iniciativa que considera regresiva en varios de sus puntos centrales.

Las gestiones oficiales están encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y por la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien recientemente deslizó la posibilidad de habilitar una instancia de diálogo con representantes sindicales para introducir modificaciones al proyecto. Según anticipó, a partir del 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado, coordinada por su asesora Josefina Tajes, que analizará propuestas del sector gremial y empresarial con vistas a llevar un dictamen al recinto el 10 de febrero.

Desde la CGT señalan que, más allá de las declaraciones públicas, aún no recibieron una convocatoria formal. No obstante, aseguran que existe disposición a sentarse a discutir, siempre que el intercambio se dé sin condicionamientos. En el entorno sindical advierten que negociar sobre un texto ya cerrado y sin participación previa de los trabajadores “parte de una lógica equivocada” y sostienen que cualquier diálogo real debe contemplar la posibilidad de aceptar objeciones y cambios de fondo.

Entre los puntos que generan mayor inquietud figuran el nuevo esquema de cálculo de indemnizaciones, las modificaciones al régimen de actividad gremial, la reducción de aportes patronales —con impacto directo en el financiamiento de las obras sociales— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este último prevé una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, desde la central obrera cuestionan el enfoque conceptual del debate impulsado por el oficialismo, al que consideran atravesado por una mirada meritocrática que equipara situaciones desiguales entre empleadores y trabajadores. En ese marco, advierten que la iniciativa apunta a debilitar la representación sindical y a erosionar derechos conquistados.

En paralelo, la CGT planea profundizar los contactos políticos que viene desarrollando en las últimas semanas. Ya se registraron encuentros con gobernadores de distintos signos, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), además de conversaciones con legisladores nacionales.

Con una nueva conducción al frente —integrada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo—, la central no descarta convocar a una nueva medida de fuerza, tras la movilización del 18 de diciembre en Plaza de Mayo. Si bien la prioridad sigue siendo la negociación, advierten que el cierre total al diálogo podría derivar en acciones de protesta.