Especialistas alertan que la “Ley de Libertad Educativa” desmantela el esquema nacional, habilita los vouchers y elimina la inversión mínima del 6% del PBI.
El Gobierno nacional presentó el proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, una propuesta que, según especialistas, implica el fin del sistema educativo nacional y federal tal como se conoce. La iniciativa modifica de manera profunda el rol del Estado, al que relega a una función subsidiaria, y lo reemplaza por una lógica donde la educación quedaría librada a la capacidad de elección individual y a la competencia entre instituciones.
El texto, de 43 páginas y 166 artículos, fue publicado en la web del Consejo de Mayo tras los encuentros mantenidos por el Ejecutivo. El primer artículo del proyecto marca un giro conceptual: la educación se concibe como un ámbito organizado principalmente por la sociedad civil y con primacía de la familia, presentada como “agente natural y primario” de la formación de los hijos. El Estado deja de ser garante del derecho educativo, como fija la ley vigente, para convertirse en un actor secundario.
Roxana Perazza, especialista en Ciencias de la Educación, advirtió que este desplazamiento es “uno de los aspectos más graves del proyecto” porque rompe con una tradición histórica respaldada por amplios consensos sociales. Ella integra un grupo de académicos que reunió más de 2500 firmas contra la reforma y que prevé presentar un documento crítico en el Congreso. Según el análisis colectivo, la propuesta “desarticula la escuela como espacio de integración, convivencia democrática y transmisión del conocimiento” y la sustituye por una multiplicidad de agentes en competencia bajo una lógica de sálvese quien pueda.
Roberto Abdala, director de la carrera de Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, coincidió en que el esquema fomentará un sistema “aún más segregado”, con circuitos empobrecidos destinados a sectores vulnerables y otro de mayor jerarquía para quienes puedan elegir instituciones con más recursos.
Uno de los puntos centrales es el fin del 6% del PBI como inversión educativa, un compromiso que la actual ley establece como piso para la financiación del sistema. La nueva iniciativa elimina esa meta, formaliza el financiamiento estatal a escuelas privadas y da paso a los vouchers educativos, mencionados como “dispositivos de financiamiento por la demanda”. Las familias recibirán vales o bonos cuyo monto dependerá, entre otros criterios, de la cantidad de alumnos que tenga cada institución, lo que introduciría una competencia directa entre escuelas para captar matrícula.
Aunque el texto modificó puntos del borrador inicial —como la equiparación obligatoria del financiamiento entre escuelas estatales y privadas— mantiene la orientación general hacia una mayor privatización del sistema. También se retira la posibilidad de incorporar educación confesional en establecimientos estatales, propuesta que había generado rechazo en distintos sectores.
La reforma redefine además el funcionamiento interno de las instituciones. Cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios dentro de un marco curricular general. Podrán también ajustar sus cargas horarias con un mínimo anual de 720 horas en primaria y secundaria, cifra inferior a las definidas para los próximos ciclos lectivos por el Consejo Federal de Educación. A esto se suma la participación de las escuelas en la selección docente, desplazando el sistema centralizado actual, y la declaración de la “esencialidad educativa”, que limita el derecho a huelga del sector.
Los gremios docentes ya comenzaron una campaña para frenar el avance de la reforma y denunciaron que la iniciativa “retrocede décadas” en materia de derechos educativos. Miguel Duhalde, secretario de Educación de Ctera, afirmó que la derogación de la Ley de Educación Nacional representa un vuelco hacia la “mercantilización” y remarcó que la familia pasa a ocupar un rol casi patronal, con capacidad de influir incluso en la designación de equipos directivos.
El proyecto también introduce la legalización del homeschooling como modalidad alternativa. Dedica un capítulo completo a la educación en el hogar y a los entornos virtuales, cuyo aprendizaje será evaluado únicamente mediante una prueba estandarizada con contenidos mínimos. Especialistas advierten que esta alternativa está pensada para sectores que puedan financiar docentes privados y que abre la puerta a nuevos negocios educativos.
Para Perazza y otros expertos, la iniciativa “atrasa”: en lugar de fortalecer la escuela estatal y adaptarla a los desafíos actuales, el Gobierno “mira una realidad minoritaria” y busca desmontar una ley con apenas dos décadas de vigencia que consolidó el enfoque estatal como garante del derecho a la educación.
