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Miguel Saredi: La crisis sanitaria de nuestras fuerzas de seguridad ya no puede esperar

Por Miguel Saredi

No puedo permanecer en silencio frente a lo que está ocurriendo con el sistema de salud de nuestras fuerzas de seguridad. Desde hace meses vengo advirtiendo que la obra social policial y los servicios de atención médica destinados a quienes arriesgan su vida por la seguridad de los argentinos están atravesando un deterioro alarmante. Pero lo que sucedió en las últimas horas en el Hospital Churruca —el principal centro médico de la Policía Federal— sobrepasa cualquier límite tolerable.

En este contexto, quiero expresar algo que siento profundamente: “Hace años conozco e interactúo con fuerzas de seguridad y de defensa de la Argentina, tanto federales como provinciales. Nunca las vimos tan desahuciadas y entregadas desde el punto de vista moral y físico.” El deterioro humano y material que atraviesan es inaceptable.

Una mujer tuvo que encadenarse a las barandas de la entrada principal para que alguien la escuchara. No lo hizo por desesperación personal, sino por supervivencia. Según relató, su esposo, un policía internado allí, estuvo al borde de la muerte porque le negaron estudios básicos, entre ellos una tomografía indispensable. Estuvo en coma siete días por la falta de atención y por trabas burocráticas incomprensibles.

Cuando un policía y su familia deben llegar a ese extremo para ser atendidos, algo se ha roto de manera irreversible.

Un sistema abandonado por quienes deberían garantizarlo

Me dirijo al Gobierno nacional y a las autoridades competentes: mientras se habla de seguridad, se deja caer a pedazos el sistema de salud de quienes ponen el cuerpo todos los días. Esto no es un reclamo político; es una obligación moral. No se puede exigir profesionalismo, vocación y sacrificio a una fuerza que ni siquiera tiene garantizada la atención médica básica.

La mujer que se encadenó denunció hechos gravísimos: falta de insumos fundamentales, ausencia de medicación, largas demoras en los turnos y, lo más inquietante, presuntas maniobras de corrupción que buscan derivar estudios a clínicas privadas aun cuando el hospital cuenta con los equipos necesarios para hacerlo.

Si esto se confirma, se estaría jugando con la salud —y la vida— de los trabajadores policiales para beneficiar intereses particulares.

Escuchar decir que “el tomógrafo está, pero no lo usan”, o que se reemplaza medicación específica por vaselina porque “no hay nada”, no solo es indignante: es una emergencia sanitaria.

Una crisis que el Estado no quiere ver

Hasta ahora, ninguna autoridad —ni del hospital, ni del Ministerio de Seguridad, ni de la Policía Federal— ha dado explicaciones. El silencio se repite incluso frente a episodios gravísimos como el reciente suicidio del sargento escribiente Alejandro Tejerina dentro del propio complejo hospitalario, quien dejó cartas que describen el abandono que sufría.

¿Qué más debe ocurrir para que alguien actúe?

Lo que pasó en el Churruca no es un hecho aislado. Es el síntoma de un vaciamiento progresivo que está dejando a miles de agentes y sus familias en una situación de vulnerabilidad extrema. No se puede hablar de “jerarquizar a las fuerzas” mientras hospitales enteros están sin insumos, sin medicamentos y sin personal suficiente.

Mi postura y mi pedido

Como ciudadano comprometido con la realidad de nuestras fuerzas, no puedo aceptar esta disociación entre el discurso y la realidad. Las fuerzas de seguridad merecen un sistema de salud digno, eficiente y transparente. No puede haber indulgencia con la corrupción ni con la ineficiencia, y muchísimo menos cuando quienes padecen las consecuencias son hombres y mujeres que dedican su vida a proteger a los demás.

Por eso vuelvo a pedir explicaciones y acciones urgentes al Ejecutivo nacional. No alcanza con hablar de seguridad en conferencias de prensa. No alcanza con mencionar doctrinas ni eslóganes. La verdadera seguridad empieza cuidando a quienes cuidan.

Lo ocurrido en el Hospital Churruca es una advertencia. Una que el Estado ya no puede seguir ignorando. Si no actuamos ahora, el daño será aún mayor. Y las consecuencias, irreparables.

Estoy del lado de las familias policiales. Y seguiré reclamando hasta que se restablezca un sistema de salud a la altura del sacrificio que realizan todos los días.

 

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