El Gobierno promulgó la Ley 27.797, que impulsa un sistema de salud más seguro y con controles reforzados. La norma busca evitar errores médicos y mejorar la calidad de la atención sanitaria en todo el país.
El Gobierno oficializó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, una normativa que busca fortalecer la seguridad de los pacientes y establecer estándares más rigurosos en la atención médica. La iniciativa, aprobada por el Congreso en septiembre, rinde homenaje a Nicolás Deanna, un joven que perdió la vida en 2017 tras un diagnóstico equivocado de meningitis bacteriana.
La nueva legislación tiene como eje principal garantizar una asistencia sanitaria segura y de calidad, centrada tanto en las personas como en las comunidades. Para lograrlo, impulsa la creación de un marco institucional que fomente la protocolización de los procedimientos, la incorporación de tecnología, la reducción de errores evitables y la mejora de las condiciones laborales del personal de salud.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Este registro reunirá los reportes de incidentes y eventos adversos ocurridos en instituciones médicas, manteniendo la confidencialidad de la información. Cada año, el RUDEC publicará informes que permitirán identificar fallas, proponer mejoras y prevenir la repetición de errores.
Además, la ley refuerza el control sobre el ejercicio profesional. Las sanciones o inhabilitaciones aplicadas a médicos deberán notificarse a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), lo que permitirá que las medidas disciplinarias tengan validez en todo el territorio nacional.
Las instituciones sanitarias, por su parte, deberán implementar protocolos de actuación, auditorías internas y canales de reclamo accesibles para pacientes, garantizando que no existan represalias contra quienes denuncien irregularidades. También estarán obligadas a ofrecer condiciones laborales adecuadas que eviten la sobrecarga física y emocional del personal médico.
Otro punto clave de la ley es la digitalización total de las historias clínicas, que deberá concretarse en un plazo máximo de cuatro años. Todas las jurisdicciones deberán contar con sistemas interoperables que aseguren un acceso seguro y eficiente a la información médica de los pacientes.
La norma también incorpora el concepto de “cultura justa”, una visión que promueve un enfoque no punitivo ante los errores médicos, con el objetivo de generar aprendizaje institucional y prevenir nuevos incidentes.
Con esta ley, el Estado argentino busca no solo mejorar la calidad del sistema de salud, sino también reconstruir la confianza entre pacientes, profesionales e instituciones médicas, aprendiendo de las tragedias del pasado.
