El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió prorrogar por un año la vigencia de la ley de emergencia económica, financiera y tarifaria que alcanza a las empresas y fábricas recuperadas. Con esta medida se busca resguardar a los espacios de trabajo gestionados por sus propios empleados, otorgándoles un marco de seguridad en un contexto de dificultades económicas.
La normativa impide que se concreten desalojos en los inmuebles donde funcionan estas unidades productivas y, además, garantiza la continuidad de servicios esenciales como la luz y el gas, evitando su corte. Se trata de un alivio fundamental para cientos de trabajadores que, organizados en cooperativas, sostienen el funcionamiento de fábricas que en su momento cerraron por cese de actividades, quiebra u otras causas de crisis empresarial.
El alcance de la disposición incluye tanto a cooperativas formalmente constituidas como a aquellas que se encuentran en proceso de inscripción, siempre que sean administradas por los trabajadores provenientes de las antiguas compañías. De esta manera, la Provincia ratifica su decisión de acompañar a este sector, que representa una alternativa de empleo genuino y de producción sustentada en el esfuerzo colectivo.
Con la prórroga de la emergencia, se reafirma el compromiso de proteger a las empresas recuperadas como parte de una política pública que busca garantizar la estabilidad laboral y la continuidad productiva frente a las dificultades que atraviesa el país.