El gobierno nacional avanza con un cambio estructural que genera fuerte preocupación: la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. La medida, incluida en el Presupuesto 2026, responde a un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y significará que los montos de estas prestaciones dejen de estar vinculados a la movilidad jubilatoria, es decir, a la inflación.
De concretarse, los aumentos de la AUH quedarán bajo la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano, lo que supone un retroceso en materia de derechos sociales y de protección a la niñez. Según el diputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, esta decisión “implica romper el esquema del derecho” y transformar un beneficio que hoy forma parte de la seguridad social en un simple bono asistencial, con menos alcance y poder adquisitivo.
La preocupación crece en organizaciones sociales y referentes de la sociedad civil, quienes advirtieron que la medida podría agravar la situación de millones de familias. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó un informe donde señala que, aunque el Presupuesto mantiene montos similares para la AUH y la Tarjeta Alimentar, el cambio en la modalidad de actualización significa un riesgo enorme para la seguridad alimentaria de niños y niñas.
El recorte se suma a una estrategia de ajuste que, según la oposición, golpea principalmente a los sectores más vulnerables y también alcanza a la clase media. La experiencia con otros programas sociales refuerza la alarma: cuando el gobierno decidió en 2023 desconectar el Potenciar Trabajo del Salario Mínimo, el beneficio quedó congelado en valores muy bajos, perdiendo toda capacidad de acompañar el costo de vida.
Referentes de movimientos sociales, como Norma Morales de Barrios de Pie, sostienen que “nuestras niñeces son las más afectadas: no tienen garantizada la comida diaria y el Estado se retira de los comedores populares”. Morales recordó que la AUH “no es una dádiva, sino un derecho conquistado desde 2009, que vino a reparar desigualdades históricas”.
Por ello, distintas organizaciones planean exigir al Congreso que defienda la actualización automática de la AUH como política de Estado. No descartan, además, acudir a la Justicia para frenar lo que consideran un retroceso en derechos fundamentales.