El próximo 7 de septiembre, las elecciones en la provincia de Buenos Aires se desarrollarán bajo un esquema particular: por primera vez se aplicará íntegramente la Ley Electoral bonaerense 5.109. El cambio surge a raíz de la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, lo que provocará diferencias sustanciales en la forma en que se registren los sufragios.
A partir de este marco legal, los votos se dividirán únicamente en tres categorías: afirmativos, en blanco e identidad impugnada. La normativa no contempla la figura del voto nulo, que sí existe en el Código Electoral Nacional. Esto implica que boletas no autorizadas o dañadas pasarán a engrosar el conteo de los votos en blanco, incrementando así esta categoría.
Los certificados de escrutinio ya fueron oficializados y muestran la nueva modalidad. Según especialistas en derecho electoral, la Ley 5.109 —sancionada originalmente en 1946 y actualizada en 1993— nunca había sido utilizada en este tipo de escenarios, ya que las elecciones provinciales siempre coincidieron con las nacionales.
Este cambio obliga a los partidos políticos a capacitar con urgencia a sus fiscales, quienes deberán enfrentar discusiones más intensas durante el escrutinio, en especial en las categorías municipales, donde unos pocos sufragios pueden definir un resultado. Un voto con tachaduras o una boleta rota, que antes podía ser considerado nulo, ahora será motivo de debate entre fiscales y autoridades para determinar si vale como afirmativo o como en blanco.
Pese a la novedad, los especialistas advierten que la incidencia será menor. En las elecciones de 2023, sobre más de 5,2 millones de votantes, apenas 7.248 sufragios fueron recurridos o impugnados, una cifra ínfima. Sin embargo, al no existir los votos nulos en esta oportunidad, ese pequeño número se sumará al porcentaje de votos en blanco, modificando levemente las estadísticas finales.
