El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó duramente la labor de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, luego de los incidentes registrados durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Según el funcionario, la organización del operativo fue deficiente y expuso al Presidente a un escenario riesgoso que terminó con abucheos, piedrazos y la salida anticipada del mandatario.

“Repudiamos la violencia de haber recibido agresiones, que por suerte no impactaron en él, aunque tuvo que retirarse corriendo”, expresó Alonso, quien advirtió que desde el Gobierno nacional se alimenta un clima de hostilidad. En esa línea, recordó el discurso del mandatario en Junín, al que calificó como “terrible”, y llamó a la dirigencia política a bajar la intensidad de sus declaraciones.

El ministro subrayó que no era la primera vez que la provincia colaboraba en la protección presidencial. Mencionó antecedentes como la visita del jefe de Estado a Mar del Plata para acompañar a Fátima Flores, además de los actos realizados en Bahía Blanca y en la ciudad de La Plata, donde se dispusieron operativos amplios y coordinados.

En relación con lo sucedido en Lomas de Zamora, Alonso explicó que la responsabilidad del operativo recayó en la Casa Militar y no en la policía bonaerense. “El jefe de seguridad presidencial es quien conduce la Casa Militar. Yo no decidí que se haga la caravana ni tenía información previa. Recién a las nueve de la noche del día anterior recibimos la orden de servicio”, aclaró en declaraciones radiales.

Asimismo, reveló que desde Nación solicitaron un despliegue de cuatro unidades antidisturbios, doce motos y un refuerzo de seguridad en todo el perímetro de la caravana, desde el ingreso del Presidente a la provincia hasta su salida del distrito. A pesar de ese requerimiento, Alonso dispuso un refuerzo adicional de 50 efectivos porque, según sostuvo, percibían que el Presidente estaba expuesto.

En el operativo también intervinieron un escuadrón de 110 efectivos de Gendarmería, cuatro unidades de la Policía Federal, 20 agentes de civil, miembros del GEOF y francotiradores. Sin embargo, la combinación de fuerzas no alcanzó para evitar los incidentes que dejaron en evidencia un serio cuestionamiento a la planificación de la seguridad nacional.