El Congreso de la Nación formalizó este lunes su decisión de anular un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados impulsados por el presidente Javier Milei, que habían sido firmados antes de que concluyeran las facultades especiales otorgadas al Ejecutivo por tiempo limitado.

La resolución quedó plasmada en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 39, 43, 44, 94 y 95 de la Cámara de Diputados, rubricadas por su titular Martín Menem, y las resoluciones 53, 54, 55, 56 y 57 del Senado, con la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El recorrido parlamentario comenzó el pasado 6 de agosto en Diputados, donde se debatió la pertinencia de las medidas, y continuó en el Senado la semana siguiente. En la cámara alta se resolvió analizar únicamente cuatro de los decretos de facultades delegadas, que finalmente también fueron rechazados.

Entre las normativas anuladas se encuentran disposiciones que restringían el derecho a huelga al declarar como servicio esencial a la Marina Mercante, la fusión de institutos culturales, la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, así como la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Los decretos afectados son:

  • DNU 340/2025, que imponía un régimen de excepción en la Marina Mercante y limitaba medidas de fuerza sindicales.

  • Decreto 345/2025, que fusionaba al Instituto Nacional Yrigoyeneano y al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, además de subordinar al Instituto Nacional del Teatro a la órbita de Cultura de Presidencia.

  • Decreto 351/2025, que convertía al BNDG en organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

  • Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución y reestructuración de Vialidad Nacional.

  • Decreto 462/2025, que eliminaba la ARICCAME.

Con esta decisión, el Congreso marcó un límite a los alcances de los decretos presidenciales y ratificó la vigencia del debate legislativo como contrapeso institucional.