El entramado de presuntas coimas en el sistema de salud nacional sigue generando repercusiones políticas y judiciales. En medio de la polémica desatada por los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovaliker, quedó en el centro de la escena tras obtener convenios por más de 100 mil millones de pesos en menos de dos años de gestión del presidente Javier Milei.
Los audios revelados muestran un presunto mecanismo de presión hacia proveedores. En uno de los registros, se escucha: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”. Estas expresiones apuntan directamente a un sistema de aumentos forzados y direccionamiento en la compra de medicamentos.
El PAMI, la obra social de los jubilados, aparece como uno de los organismos que más acuerdos firmó con la droguería sospechada, con al menos 28 contratos recientes, varios de ellos a través del mecanismo de “compulsa abreviada”, un procedimiento que permite acortar tiempos en las licitaciones. El último convenio fue sellado el pasado viernes, lo que agudizó las sospechas en torno a la velocidad y condiciones de adjudicación.
El caso también salpica a otras áreas del Estado. Los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad habrían rubricado convenios similares con Suizo Argentina. En este sentido, desde las Fuerzas Armadas se habilitó a ex directores del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a aportar información, ya sea de manera voluntaria o a través de requerimientos judiciales. Esta decisión podría ser clave para avanzar en la causa, ya que permitiría acceder a documentación y pruebas sobre el funcionamiento de las compras de urgencia.
La investigación apunta a desentrañar una red que, según las primeras evidencias, habría operado bajo prácticas de sobreprecios y favores a determinados proveedores, configurando un esquema de presuntos sobornos que compromete tanto a funcionarios como a empresarios.