En una jornada legislativa marcada por tensiones dentro y fuera del recinto, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos iniciativas claves: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría. Ambos proyectos avanzaron con un respaldo importante que rozó los dos tercios necesarios para bloquear futuros vetos del Ejecutivo, en un nuevo revés para el gobierno nacional.
La propuesta para fortalecer el presupuesto de las universidades nacionales obtuvo 158 votos afirmativos, mientras que la emergencia pediátrica cosechó 159 votos a favor. El tratamiento fue impulsado por bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, y legisladores independientes, con acompañamiento de sectores del radicalismo y del espacio que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
El acompañamiento de los diputados cordobeses fue decisivo. Llaryora, además, manifestó públicamente su respaldo minutos antes de la votación, subrayando la importancia de garantizar el sostenimiento del sistema universitario. Por su parte, los legisladores radicales referenciados en Rodrigo de Loredo también acompañaron activamente.
El proyecto de financiamiento universitario establece un aumento en los fondos destinados a gastos operativos y salarios, con actualizaciones vinculadas a la inflación. Esta norma ya había sido sancionada en 2024, pero fue vetada por el presidente Javier Milei. En esta oportunidad, la votación mostró una base más amplia, lo que obligará al Ejecutivo a repensar su estrategia de confrontación.
El debate no estuvo exento de tensiones. Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Gabriel Bornoroni criticó duramente la medida, alegando que rompería el equilibrio fiscal. Sin embargo, referentes opositores como Miguel Ángel Pichetto y Cristian Castillo rechazaron ese argumento y denunciaron que se continúa favoreciendo a sectores privilegiados mientras se desfinancian áreas clave como la educación y la salud.
En paralelo, el Congreso aprobó la declaración de emergencia pediátrica, medida que busca atender la crisis en hospitales infantiles como el Garrahan. El proyecto contempla un refuerzo presupuestario, compras directas de insumos, y mejoras laborales para trabajadores del sector. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
El debate fue abierto por el diputado tucumano Pablo Yedlin, quien advirtió que el funcionamiento del hospital está en riesgo, afectando a más de 350 mil niños que han sido atendidos allí solo en lo que va del año. Frente a las críticas de la bancada oficialista, que negó el desfinanciamiento, legisladores como Facundo Manes remarcaron la importancia de defender la salud pública como pilar del desarrollo social.
Afuera del Congreso, manifestantes —entre ellos trabajadores del Garrahan, jubilados y empleados de organismos públicos como el INTI y el INTA— se movilizaron en defensa de ambas leyes. La respuesta del gobierno fue una vez más la represión: se utilizaron camiones hidrantes y gas pimienta contra quienes se manifestaban y también contra trabajadores de prensa.
La sesión parlamentaria también incluyó el emplazamiento de comisiones para tratar la Ley de Alzheimer, la declaración de emergencia en Ciencia y Técnica, y la creación de una comisión investigadora sobre escándalos con criptomonedas. Asimismo, se rechazaron varios decretos presidenciales que buscaban modificar organismos clave como Vialidad Nacional, la Secretaría de Cultura, y el Banco de Datos Genéticos.
En un contexto de negociaciones por alianzas políticas y cierre de frentes electorales, el oficialismo intentó frenar el avance de estos proyectos mediante la inclusión de otras propuestas propias en comisiones, pero no logró su cometido. La estrategia opositora, en cambio, se impuso con contundencia, dejando al Gobierno nacional en una posición debilitada frente al Congreso.