La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), restituida por el presidente Javier Milei mediante un decreto, vuelve a estar en el centro de una grave denuncia por presunto espionaje político. Un documento recientemente filtrado revela que el organismo habría estado recolectando información sobre referentes de la oposición, dirigentes gremiales, agrupaciones de jubilados y hasta organizaciones de personas con discapacidad.

Entre las figuras monitoreadas aparecen Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Eduardo “Wado” de Pedro y Guadalupe Tagliaferri, junto a entidades como la CGT, la CTA, sindicatos del neumático, trabajadores de la salud, Vialidad Nacional y La Bancaria. El seguimiento también incluye a fuerzas políticas como La Cámpora, el PJ bonaerense, la UCR y la Coalición Cívica.

La información fue revelada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien accedió a un documento titulado Hechos previstos 09JUL25, que detalla actividades previstas para esa fecha, incluyendo protestas sindicales, manifestaciones callejeras y reuniones políticas. El 9 de julio coincidió con movilizaciones de jubilados frente al Congreso y el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.

El informe habría sido elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los cuatro grandes departamentos en los que se reorganizó la SIDE bajo el actual gobierno. La ASN es dirigida por el comisario general retirado Alejandro Cecati, exfuncionario del macrismo y vinculado a causas judiciales por espionaje ilegal, como la del ARA San Juan.

Desde Unión por la Patria trabajan en una denuncia judicial y exigen la inmediata intervención del Congreso. El senador Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, ya adelantó que convocará al organismo parlamentario en las próximas horas.

Legisladores como Leopoldo Moreau advirtieron que estas prácticas constituyen un atentado contra la democracia y los derechos constitucionales. “El pueblo está harto de la represión, del espionaje y de los intentos de silenciar a quienes piensan diferente”, declaró.

Juristas como Cristina Caamaño y Agustín Rossi coinciden en que la recopilación de información sobre personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones gremiales o sociales viola la Ley de Inteligencia. Según el artículo 4 de la norma 25.520, este tipo de prácticas está terminantemente prohibido, incluso si se realiza mediante el análisis de fuentes abiertas.

La SIDE, actualmente dirigida por Sergio Neiffert, ha sido señalada por impulsar un Plan de Inteligencia Nacional que habilitaría el seguimiento de opositores, periodistas críticos, ambientalistas y defensores del patrimonio nacional. En mayo pasado, trascendió una directiva interna firmada por Diego Kravetz que ordenaba el monitoreo de sectores sociales vulnerables.

La denuncia por estos hechos ya fue presentada por el CELS en la justicia federal y actualmente está en manos del fiscal Guillermo Marijuan. Aunque la investigación sigue su curso, los detalles del expediente aún no han trascendido.

El caso refuerza las sospechas sobre el uso político de los organismos de inteligencia. “Los gobiernos en crisis, con protestas en alza y sin respaldo popular, muchas veces recurren al espionaje interno para anticiparse a la oposición. Pero eso no los fortalece, los debilita aún más”, afirmó la diputada Myriam Bregman.