Una investigación interna en la Policía Bonaerense dejó al descubierto una presunta maniobra de alto riesgo institucional: 24 oficiales fueron desafectados tras comprobarse que trabajaban activamente en favor de un excomisario devenido en candidato libertario. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, denunció que lo que se gestaba era, en sus palabras, “un complot”.
La situación encendió todas las alertas en el gobierno provincial. Oficiales aún en funciones colaboraban desde sus propios puestos, computadoras y oficinas con un exintegrante de la fuerza, hoy lanzado a la política en una de las zonas más decisivas de la provincia. Según la denuncia, no solo recolectaban información y diseñaban proyectos vinculados a la seguridad para el candidato, sino que también podrían haber estado gestionando financiamiento para su campaña.
El nombre del protagonista central no es nuevo en los pasillos policiales. Se trata de un comisario retirado de la «promoción 94», con un ascenso meteórico dentro de la fuerza y un pasado con múltiples sellos partidarios: primero en Cambiemos, luego junto a un sector del radicalismo, y ahora bajo el ala libertaria. Pidió la baja en abril y grabó un video con lágrimas frente al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, su vínculo con personal en actividad no se había cortado.
La denuncia, anónima, llegó apenas se confirmó su candidatura. El foco se puso en un grupo que operaba desde la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas. Desde allí, los ahora exoficiales se mantenían en comunicación con el candidato a través de un grupo de mensajería llamado «Rocket», donde organizaban actividades, agradecían aportes y hasta informaban sobre reuniones con altas autoridades del Gobierno nacional.
Lo más alarmante, según el ministro Alonso, es que entre los documentos hallados hay material que abona la idea de una posible intervención política en la Bonaerense, con la intención de desplazar a la actual conducción y posicionar a nuevos referentes afines al espacio libertario.
El asunto ya fue judicializado y para algunos dentro del Ejecutivo bonaerense evoca experiencias del pasado, como el movimiento de policías apartados conocido como «Los Sin Gorra». En La Plata no tienen dudas de que el objetivo era generar un foco de inestabilidad que favoreciera una intervención federal, una idea que el propio presidente Milei sugirió meses atrás al hablar de un “baño de sangre” en la provincia.
La ministra de Seguridad nacional, en lugar de tomar distancia, redobló la apuesta. Tras la desvinculación de los oficiales, convocó al excomisario a su despacho y, junto a referentes libertarios provinciales, confirmó que trabajaban juntos desde hace tiempo. Argumentó que los policías sancionados habían participado de un asado con él, restando gravedad al vínculo. En sus palabras, fueron «castigados por una comida de camaradería».
Desde el entorno del gobernador refutaron esas declaraciones con firmeza. “No fueron sancionados por un asado. Fueron separados porque usaban recursos del Estado para hacer campaña política”, sostuvieron. En el gobierno bonaerense ven la estrategia como parte de un plan para victimizar a un sector de la fuerza y tensionar el clima político a pocos meses de las elecciones.
Kicillof, por su parte, fue cauto. Desde Marcos Paz, afirmó que la causa está en manos de la Justicia y que “hay leyes que deben respetarse”.