El Gobierno nacional se encuentra trabajando en un decreto que podría significar la disolución de organismos históricos como la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta medida representaría un cambio profundo en la gestión del tránsito y la infraestructura del país, afectando directamente la estructura técnica que durante décadas garantizó el control y mantenimiento de rutas, caminos y transporte público.
De concretarse, la Gendarmería Nacional asumiría nuevas funciones, encargándose de patrullar las rutas y fiscalizar el tránsito en todo el territorio. Por su parte, el Ministerio de Transporte se limitaría a ofrecer capacitaciones y cursos relacionados con la seguridad vial, mientras que las concesiones viales y ferroviarias pasarían a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Esta reorganización pone en riesgo el futuro laboral de más de 5.000 trabajadores que forman parte de los organismos a eliminar. Sindicatos y especialistas en seguridad vial advierten sobre las posibles consecuencias de este desmantelamiento: con la pérdida de estructuras técnicas especializadas, la capacidad del Estado para garantizar rutas seguras y servicios de transporte eficientes podría verse seriamente comprometida.
La Dirección Nacional de Vialidad, fundada hace casi un siglo, ha sido una pieza clave en la construcción, mantenimiento y supervisión de rutas nacionales. Su posible desaparición marcaría el fin de una etapa en la planificación estatal de la infraestructura vial en la Argentina.