La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias alcanzó un nuevo punto crítico. Por primera vez desde la asunción de Javier Milei, los 23 gobernadores del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordaron impulsar en conjunto dos proyectos de ley para modificar la distribución de recursos provenientes del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa legislativa fue acompañada por bloques opositores de peso y anticipa una derrota parlamentaria para el oficialismo.
Los mandatarios provinciales reclaman que el Gobierno nacional deje de concentrar recursos que, según sostienen, deberían estar coparticipados. El principal blanco es el esquema actual que deja fuera de la distribución automática importantes sumas que provienen de tributos como el impuesto a los combustibles. En el proyecto, se propone una nueva fórmula de reparto: un 14,29% quedaría en manos del Tesoro Nacional, un 28,69% iría al Sistema Único de Seguridad Social y el 57,02% se asignaría a las provincias. De este último monto, el 25% se distribuiría en partes iguales y el 75% según los índices de coparticipación vigentes.
Respecto a los ATN, los gobernadores proponen que su distribución se realice de manera diaria y automática, conforme a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal. El proyecto también invita a todas las jurisdicciones, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherirse al esquema.
La falta de diálogo con el Poder Ejecutivo y la ausencia de respuestas concretas a los pedidos de los gobernadores fueron detonantes de esta acción coordinada. La propuesta legislativa logró el respaldo de un amplio arco político en el Senado: sectores del radicalismo, del PRO, partidos provinciales y el interbloque de Unión por la Patria rubricaron el dictamen, sumando un total de 60 senadores sobre los 72 de la Cámara Alta. Esta mayoría no sólo garantiza la aprobación de los proyectos, sino que también podría resistir un eventual veto presidencial.
Miguel Ángel Pichetto, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Martín Lousteau y Alfredo De Angeli, entre otros referentes legislativos, firmaron el respaldo al paquete de leyes que busca aliviar la situación financiera de las provincias. Las medidas, aseguran, no afectan los objetivos macroeconómicos del Ejecutivo nacional, pero representan una herramienta crucial para equilibrar las cuentas provinciales.
Este consenso inédito entre las jurisdicciones subnacionales refleja un escenario institucional que podría comprometer la capacidad del Gobierno nacional de mantener su actual esquema de concentración de recursos. La Casa Rosada, hasta ahora firme en su postura de ajuste, deberá enfrentar la creciente presión de un frente federal unido que exige una distribución más equitativa.