Referentes políticos de la provincia de Buenos Aires expresaron su más enérgico repudio a la detención de la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, en el marco de una causa que ha encendido alarmas por su posible trasfondo político. La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el secretario de Planificación Operativa, Miguel Saredi, coincidieron en denunciar un preocupante retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.
Magario fue contundente al manifestar su rechazo: “Expresamos nuestra profunda preocupación ante hechos que vulneran el Estado de Derecho. Se allanaron domicilios particulares y el edificio municipal de Quilmes. En ese contexto, fue detenida e incomunicada Eva Mieri”. Para la vicegobernadora, las acciones judiciales no responden a criterios de legalidad, sino a intereses políticos: “No se trata de justicia, sino de persecución política. Se busca disciplinar a la militancia, desincentivar la participación y sembrar miedo”, denunció.
El intendente Fernando Espinoza se sumó a las críticas y reclamó con firmeza la inmediata liberación de las personas detenidas. “Exigimos la urgente liberación de la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, que fue detenida de forma arbitraria junto a cuatro militantes peronistas. Esto no es justicia, es persecución política”, afirmó.
Por su parte, Miguel Saredi expresó su preocupación por las consecuencias institucionales de este tipo de medidas. “Nunca hubo tal ataque a los derechos individuales y a la libertad desde 1983 a la fecha. Es urgente que el Poder Judicial tome medidas ante el grave riesgo de quiebre del sistema representativo, republicano y federal”, advirtió.
Los tres dirigentes coincidieron en que lo sucedido constituye un grave precedente en el ejercicio de la democracia, y llamaron a la justicia a actuar con responsabilidad y apego a la Constitución.
Las declaraciones de los tres dirigentes reflejan una creciente preocupación dentro del oficialismo por el avance de medidas judiciales que, según denuncian, buscan acallar voces disidentes y criminalizar la militancia política. El reclamo por la liberación de Mieri y de los demás detenidos se ha convertido en una bandera para amplios sectores del arco político y social.
Veronica Magario, Fernando Espinoza y Miguel Saredi coincidieron en que lo sucedido constituye un grave precedente en el ejercicio de la democracia, y llamaron a la justicia a actuar con responsabilidad y apego a la Constitución.
