La Justicia de Estados Unidos volvió a golpear al Estado argentino con una decisión que podría tener un fuerte impacto sobre la principal petrolera del país. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la empresa en 2012.
La magistrada respondió a un pedido del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), tras alegar perjuicios en el proceso de nacionalización de la compañía que hasta ese momento controlaba Repsol. El argumento central del reclamo es que el Estado argentino no cumplió con las obligaciones legales que derivaron del fallo de 2023, en el cual se le impuso el pago de 16.100 millones de dólares.
La resolución judicial establece que la Argentina debe depositar sus acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM), dentro de un plazo de 14 días. Posteriormente, esas acciones deberán ser transferidas a los demandantes o sus representantes en un lapso no mayor a un día hábil desde su depósito.
El caso generó una nueva preocupación en los mercados: tras conocerse la decisión de Preska, los títulos de YPF registraron una fuerte caída en Wall Street, con una baja del 6,4% en una sola jornada.
La información fue confirmada por Sebastián Maril, CEO de la consultora Latin Advisors, quien detalló que el Gobierno argentino aún conserva la posibilidad de apelar la medida, lo que permitiría frenar momentáneamente su ejecución. No obstante, la presión internacional sobre el país se incrementa, ya que en los últimos meses se exigió también la divulgación de activos estratégicos, como reservas del Banco Central y participaciones estatales en otras compañías.
Este nuevo capítulo en la disputa por la expropiación de YPF plantea un escenario incierto para la estrategia energética nacional y abre una compleja instancia legal y diplomática para el país.
