A pesar de haber lanzado una profunda reforma dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no ha cumplido con una orden judicial que la obliga a entregar información sobre el funcionamiento del histórico y reservado cuerpo de inteligencia de esa fuerza. Esta negativa se mantiene incluso ante un fallo firme que llega hasta la Corte Suprema, lo que ha encendido alarmas entre organismos de derechos humanos y referentes políticos.
La funcionaria presentó recientemente el nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el FBI estadounidense, como un intento de modernizar las tareas de investigación. Sin embargo, detrás de ese anuncio, permanece la opacidad sobre el llamado Cuerpo de Informaciones, que durante décadas operó de forma clandestina e incluso en democracia infiltró organizaciones sociales, políticas y comunitarias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) inició en 2023 un pedido de acceso a la información pública para conocer bajo qué normativas se sustentaba esta estructura de espionaje dentro de la PFA. El Ministerio de Seguridad primero rechazó el pedido y luego, bajo el nuevo gobierno, argumentó que los datos solicitados eran “secretos”. No obstante, tanto el juez de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictaminaron que no existía fundamento legal para mantener esa información oculta.
A pesar de que el Poder Judicial intimó a la cartera de Seguridad a cumplir con la sentencia en mayo, hasta el momento no se ha producido la entrega de datos. La demora fue justificada por los abogados del ministerio con la intención de “reconducir” la respuesta, lo cual generó aún más sospechas sobre las intenciones del gobierno.
“El Ejecutivo anuncia cambios, pero sigue sin cumplir con una sentencia que exige transparencia sobre áreas clave de la inteligencia policial”, señaló Diego Morales, director de Litigio del CELS. En tanto, la diputada Myriam Bregman advirtió que con el decreto 383/25 se intenta «blanquear y expandir» un sistema de inteligencia que ya fue calificado como ilegal por la Justicia en varias instancias.
Casos como los de José “Iosi” Pérez, Américo Balbuena o Isabel Correa dejaron al descubierto cómo el espionaje policial penetró espacios sensibles de la sociedad civil incluso en tiempos democráticos. Para Bregman, este accionar configura un riesgo grave: “Se les brinda la excusa perfecta para espiar a periodistas, sindicatos y organizaciones sociales”.
Las denuncias y los intentos legislativos para eliminar el cuerpo secreto han sido constantes, pero no prosperaron. La falta de avances, sumada al desinterés del Poder Ejecutivo por cumplir una orden judicial, refuerza la opacidad de una estructura que nació durante dictaduras y que, según denuncian, sigue actuando con impunidad.
