Una movilización masiva que se avecinaba como histórica logró frenar el plan judicial y del gobierno que buscaba recluir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una celda durante varios días. La amenaza de una marcha descomunal hacia Comodoro Py, con la exmandataria caminando entre la multitud, generó temor en los tribunales y en sectores del Ejecutivo, y forzó un cambio de estrategia: se optó por una notificación remota y se evitó la detención física.

La decisión inicial del tribunal era trasladar a CFK al edificio judicial en Retiro, detenerla entre uno y cuatro días, posiblemente tomarle una fotografía y someterla a una evaluación médica. Sin embargo, la perspectiva de una imagen poderosa de Cristina avanzando hacia Comodoro Py rodeada por miles de personas generó un impacto político que terminó inclinando la balanza.

En contraste con el trato hacia la exmandataria, el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, de 80 años, sí fue trasladado a una celda en la Unidad 28 del Palacio de Tribunales. A pesar de padecer múltiples problemas de salud, incluyendo deterioro cognitivo, fracturas, un tumor y movilidad reducida, fue encerrado mientras se espera una evaluación médica que podría habilitarle la prisión domiciliaria. La diferencia de trato dejó en evidencia el intento de exponer públicamente a Cristina como parte de una estrategia política más que judicial.

El mismo día en que se conoció la marcha atrás con la detención de la expresidenta, una multitud copó la Plaza de Mayo y el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje fue contundente: para amplios sectores de la sociedad, la condena contra CFK carece de legitimidad y responde a motivaciones políticas más que jurídicas.

Desde el entorno de Cristina Kirchner se insistió en que ella no ha perdido sus derechos políticos y que no existe impedimento legal para que se exprese públicamente. Aun así, en su resolución, los jueces deslizaron que no debería mostrarse en el balcón de su casa, por considerarlo un acto que podría alterar la “convivencia vecinal”. Ante esa ambigüedad, sus abogados solicitaron al Tribunal una aclaración formal sobre si está autorizada o no a saludar desde su domicilio.

En los próximos días, también presentarán una lista de visitas personales y profesionales, reclamando que no se le apliquen restricciones desmedidas que no rigen para otros casos de prisión domiciliaria, incluso en delitos mucho más graves. La referencia a los privilegios de represores con condenas firmes resalta la excepcionalidad del tratamiento que se intenta aplicar a la exmandataria.

La contundente manifestación dejó en claro que un amplio sector de la ciudadanía sigue considerando a Cristina una figura política vigente, y que cualquier intento de proscripción o exhibición forzada podría tener un alto costo institucional.