El Gobierno nacional desató una fuerte polémica tras la publicación del decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, que otorga a la Policía Federal Argentina nuevas atribuciones para actuar sin intervención judicial previa. La resolución, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, redefine el accionar de la fuerza y abre la puerta a prácticas de vigilancia digital y requisas sin orden judicial, en una reforma que busca asemejarse a los métodos utilizados por el FBI.

Uno de los puntos más críticos del nuevo reglamento es la habilitación para que efectivos de la Federal puedan realizar tareas de ciberpatrullaje en redes sociales y otros entornos digitales públicos sin autorización de un juez. Aunque el decreto menciona el respeto por la intimidad y la protección de datos, especialistas en derechos humanos advirtieron sobre el potencial uso abusivo de esta herramienta.

La ministra Bullrich ya había impulsado prácticas similares durante su anterior gestión en la cartera de Seguridad, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Entre los casos más resonantes se recuerda el de Nicolás Lucero, detenido por una publicación en Twitter en 2016 que luego se demostró no constituía una amenaza real. El caso fue archivado dos años más tarde, pero marcó un antecedente que genera preocupación frente a esta nueva etapa.

Junto al ciberpatrullaje, el decreto permite que la Policía Federal realice requisas personales y vehiculares sin autorización judicial. Según el texto, la medida puede aplicarse si existen “circunstancias objetivas” que permitan presumir la existencia de elementos vinculados a un delito, o en casos donde exista riesgo de desaparición de pruebas. No obstante, el marco legal no especifica qué situaciones serían consideradas suficientes para actuar sin intervención judicial, lo que abre la posibilidad a arbitrariedades.

La exministra Sabina Frederic expresó su alarma y sostuvo que “no esperar la orden de un juez es una decisión absolutamente arbitraria” que erosiona las garantías constitucionales. Además, denunció que el decreto presenta ambigüedades graves, especialmente al no diferenciar con claridad entre investigación e inteligencia criminal, lo que podría derivar en un uso discrecional del poder policial.

También desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú fue enfática: “Estamos ante un cambio de régimen. Se vulneran las libertades democráticas de forma alarmante. El paso siguiente sería una dictadura”. Para Verdú, el decreto busca justificar futuras intervenciones represivas en manifestaciones públicas, bajo el pretexto de actuar ante delitos flagrantes.

Además de las facultades policiales, el decreto establece una reforma en la estructura interna de la fuerza. Se impone un límite anual a la incorporación de suboficiales y se impulsa la transformación del cuerpo con el ingreso de profesionales universitarios, en una línea que busca emular al FBI.

Sin pasar por el Congreso y sin debate previo, esta reforma integral de la Policía Federal vuelve a encender el debate sobre los límites del poder estatal en nombre de la seguridad. Organismos de derechos humanos, juristas y exfuncionarios advierten que se trata de un paso riesgoso hacia la criminalización de la protesta y el control social digital.