En una entrevista brindada al programa Futuro Peronista, que se emite por el streaming de El Nacional de Matanza, el diputado nacional Daniel Arroyo alertó sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en la Argentina y denunció una política deliberada de “crueldad e ignorancia” por parte del Gobierno Nacional.
Durante la charla, Arroyo destacó que la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría una ley que declara la emergencia en discapacidad. La iniciativa, de su autoría, aborda tres ejes centrales: la actualización urgente del nomenclador que regula los aranceles a prestadores, el reordenamiento del sistema de pensiones y la prohibición del maltrato institucional.
“Hoy un transportista cobra $541 por litro de nafta cuando cuesta más del doble, los asistentes terapéuticos reciben pagos con demoras de hasta seis meses, y los hogares están al borde del cierre”, explicó. “Esta ley busca actualizar esos valores y garantizar el acceso a tratamientos, medicamentos y servicios básicos”.
El legislador también cuestionó duramente el modo en que el Gobierno nacional está auditando las pensiones por discapacidad: “En lugar de investigar zonas o médicos con irregularidades, mandaron 300 mil cartas documento a personas que tienen discapacidades permanentes. Les piden que viajen cientos de kilómetros y repitan estudios médicos innecesarios. Es una forma de violencia institucional”.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el que obliga al Estado a garantizar un trato digno y respetuoso. “En enero de este año, una resolución oficial utilizó términos como ‘idiota’ e ‘imbécil’. Eso no puede pasar más. El respeto debe ser la norma”, subrayó Arroyo. Además, remarcó que los funcionarios que trabajen en áreas vinculadas a discapacidad deben tener humanidad y un vínculo real con las familias.
“Lo único que no puede hacer el Estado es maltratar”, sostuvo. “Esta ley busca dejar una regla clara para los próximos gobiernos: con la discapacidad no se juega”.
El proyecto ya fue girado al Senado, y el diputado espera que sea aprobado sin objeciones. “Ojalá el Ejecutivo no la vete. Hay un consenso social muy fuerte. Las familias la están pasando muy mal, y lo mínimo que se puede hacer es no complicarles más la vida”, concluyó.
