En un contexto de fuerte movilización social, la Cámara de Diputados se encamina a una jornada parlamentaria intensa, con el foco puesto en el tratamiento de proyectos clave vinculados a la situación de jubilados, personas con discapacidad y el Hospital Garrahan. Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo ya se adelantó que, en caso de aprobación, las leyes serán vetadas.

La oposición, integrada por bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y espacios de izquierda, buscará alcanzar el quórum necesario para avanzar con una sesión especial que contemple iniciativas de alto impacto social. El principal objetivo es mitigar los efectos del severo ajuste fiscal impulsado por la administración nacional, y recuperar parte del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Uno de los ejes del debate será la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo pasado, y que el Gobierno decidió no renovar. Este instrumento es esencial para permitir el acceso a la jubilación a quienes no tienen los años de aportes requeridos. En caso de no reunir los votos suficientes, los bloques impulsarán modificaciones sobre un proyecto alternativo que busca ampliar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este propone, entre otras medidas, un incremento del 7,2% en los haberes para recomponer el deterioro causado por la inflación, y una actualización del bono previsional —congelado desde marzo del año pasado— que pasaría de 70.000 a 115.000 pesos.

Otro punto destacado será la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027. El proyecto contempla la restitución de pensiones no contributivas canceladas tras auditorías oficiales, la actualización mensual de los aranceles de prestadores según la inflación y la equiparación de asignaciones para trabajadores de talleres protegidos al salario mínimo. Además, incluye incentivos para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado y reconoce como servicios de interés público nacional a aquellos dedicados a su atención. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de estas medidas representa solo el 0,42% del PBI.

En paralelo, se espera un intento de declarar la emergencia en el Hospital Garrahan por un plazo de dos años. Esta medida surge en respuesta a la grave situación financiera que atraviesa el centro pediátrico. Ayer, la comisión de Acción Social y Salud Pública emitió seis dictámenes relacionados, aunque su tratamiento aún requiere dictamen de otras comisiones. Por eso, la oposición exigirá su pronto tratamiento mediante un emplazamiento legislativo.

Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reiteró que no hay disponibilidad fiscal para respaldar estas iniciativas y aseguró que, de ser sancionadas, serán vetadas. “No hay recursos disponibles. Si se aprueba, será vetada. No se pueden asumir gastos sin respaldo presupuestario”, afirmó, dejando claro que el Gobierno no avalará ningún tipo de incremento que implique mayores erogaciones para el Estado.