El Gobierno nacional oficializó una reforma integral al sistema migratorio a través del Decreto 366/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el conjunto de ministros. Esta modificación introduce cambios sustanciales en las condiciones de permanencia, acceso a servicios públicos y requisitos para obtener la ciudadanía en Argentina.

La normativa endurece las condiciones de ingreso al país, establece nuevas reglas para el acceso a la salud y la educación pública por parte de extranjeros, y limita los beneficios que antes eran garantizados por ley a los migrantes y sus familias. Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 6 de la Ley 25.871, que ya no garantiza el acceso igualitario a servicios esenciales a todo el grupo familiar, sino únicamente al migrante, dependiendo de su categoría de residencia.

Entre las nuevas disposiciones se destacan la negativa de ingreso al país para cualquier extranjero condenado penalmente, así como la deportación obligatoria de aquellos que cometan delitos en el territorio nacional, sin importar la gravedad de la pena. Esto marca una diferencia respecto al marco legal previo, que solo contemplaba sanciones para delitos con penas superiores a cinco años.

Además, se establece que los extranjeros con residencia transitoria, temporaria o irregular deberán pagar por los servicios de salud, y deberán contar con un seguro médico al ingresar al país. Las universidades públicas, por su parte, quedan facultadas a cobrar aranceles a los residentes temporarios, aunque se mantiene la gratuidad en los niveles inicial, primario y secundario.

En cuanto a la ciudadanía, el decreto elimina la posibilidad de obtenerla en plazos reducidos mediante servicios prestados a la Nación, como lo permitía la ley anterior. Ahora, sólo podrán acceder a este derecho quienes hayan residido de forma continua y legal durante al menos dos años o hayan realizado inversiones relevantes en el país. También se acorta el período de validez de la residencia precaria, que pasa de 180 a 90 días.

En materia educativa, las modificaciones introducidas eliminan la garantía de acceso a la universidad gratuita para extranjeros sin Documento Nacional de Identidad. Solo se mantiene el derecho al ingreso y permanencia en los niveles educativos básicos. En cuanto a salud, se asegura la atención médica en situaciones de emergencia, pero se condiciona la asistencia regular a la contratación de un seguro o el pago previo del servicio.

Por último, la nueva normativa enfatiza la posibilidad de rechazar el ingreso de personas detectadas en situación de ingreso irregular en el momento mismo de su arribo, una práctica que ya estaba contemplada pero que ahora se explicita con mayor énfasis.

Estas medidas, argumenta el Ejecutivo, responden al incremento del flujo migratorio internacional y a los impactos económicos y sociales que ello podría generar, citando como referencia políticas de deportación llevadas adelante en otros países como Estados Unidos. La reforma marca un giro restrictivo en la política migratoria argentina y genera un debate sobre su impacto en los derechos humanos y en el acceso equitativo a servicios esenciales para toda la población residente en el país.