Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha encendido alarmas en el ámbito jurídico y sindical por implicar un severo retroceso en la protección de los derechos laborales. Con la sentencia dictada el pasado 3 de abril en el caso “Acevedo, Eva María c/ Manufactura Textil San Justo s/ quiebra”, el máximo tribunal modificó su postura histórica y resolvió que, en casos de quiebra empresarial, el cobro de impuestos por parte del Estado debe prevalecer sobre los salarios adeudados a los trabajadores.
Esta decisión desconoce el Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Congreso argentino en 1993 mediante la ley 24.285, que establece la prioridad de los créditos laborales sobre otros acreedores, incluyendo al propio Estado. La Corte argumentó que el convenio no es aplicable en el derecho interno por no haber sido ratificado por el Poder Ejecutivo, pese a que durante más de treinta años fue considerado vigente y se aplicó en múltiples fallos como garantía de justicia social en situaciones de insolvencia.
El fallo representa un giro en la jurisprudencia que venía sosteniéndose desde hace décadas y deja a miles de trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad frente a la quiebra de sus empleadores. La decisión judicial pone en cuestión la jerarquía normativa de los tratados internacionales sobre derechos laborales, desconociendo el valor que estos instrumentos tienen en la protección de las personas trabajadoras, particularmente en contextos de crisis económica.
Organizaciones sindicales, abogados laboralistas y distintos sectores de la sociedad civil han señalado que este fallo no puede ser entendido como una mera resolución técnica. En un contexto de creciente recesión y aumento de insolvencias empresariales, la decisión del tribunal superior es interpretada como una definición política que fortalece un modelo económico regresivo y debilita los principios constitucionales de justicia social.
Desde diversos sectores políticos se reclama al Congreso que no permanezca inactivo ante esta situación. Exigen que se ratifique sin demoras el Convenio 173 y que se legisle de manera clara en defensa de los derechos laborales, reafirmando que el trabajo digno debe ocupar un lugar central en el orden jurídico y económico del país.
