La reciente aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el oficialismo en el Congreso ha generado una fuerte controversia. Legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y otros sectores políticos avalaron un endeudamiento sin establecer montos, plazos ni condiciones, entregando al Fondo Monetario Internacional (FMI) el poder de definir los términos.

El voto a favor de este DNU ha sido considerado una traición al mandato de los representantes del pueblo, quienes fueron elegidos para defender los intereses nacionales y no para hipotecar el futuro del país. La deuda contraída recaerá sobre los ciudadanos, mientras que los sectores financieros y los fugadores de capital serán los principales beneficiados.

Coincidiendo con la sesión en Diputados, miles de manifestantes se movilizaron en defensa de los jubilados, uno de los sectores más golpeados por los ajustes. El fin de las moratorias previsionales amenaza con dejar sin jubilación al 90 % de las mujeres y a trabajadores cuyos empleadores no realizaron los aportes correspondientes. La situación previsional fue históricamente una exigencia del FMI, que también demanda flexibilización laboral y mayor apertura económica.

El contexto económico es crítico. En solo cuatro días, el Banco Central perdió mil millones de dólares para contener la cotización del dólar. La desesperación llevó al gobierno a solicitar auxilio al FMI, aceptando condiciones que incluyen una megadevaluación que podría llevar el dólar oficial a valores entre 1300 y 1600 pesos, lo que impactará en los precios y salarios.

Desde el peronismo y sectores opositores se advirtió que la deuda contraída no será reconocida como legal, lo que podría generar un conflicto judicial a futuro. En medio de este panorama, la CGT convocó a un paro para el 10 de abril y anunció su participación en las manifestaciones por los derechos humanos del 24 de marzo.

El gobierno ha minimizado estas protestas, pero su postura frente a los derechos humanos ha generado un fuerte rechazo. La eliminación de programas de memoria histórica, la visita de legisladores oficialistas a represores condenados y la justificación de crímenes de la dictadura han incrementado la indignación social.

El escenario político y social se polariza cada vez más. La respuesta en las calles y la resistencia a las medidas de ajuste muestran que el debate sobre el endeudamiento no es solo económico, sino también una lucha por la soberanía y la dignidad del país.