La Cámara Federal de Comodoro Py aceptó nuevos querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA, permitiendo que los afectados impulsen medidas de prueba en la investigación.
La Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py revocó una decisión previa de la jueza María Servini y habilitó a tres damnificados a participar como querellantes en la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Los afectados, representados por el abogado y dirigente Juan Grabois, habían realizado inversiones en ese activo digital luego de que fuera promocionado por el presidente Javier Milei, perdiendo sus fondos tras una abrupta caída en su valor.
El fallo de los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun establece que los damnificados tienen derecho a acceder al expediente y a solicitar medidas de prueba. La resolución destaca que una de las hipótesis investigadas es la posible existencia de una estafa que habría perjudicado económicamente a los inversores. En la audiencia, los querellantes presentaron pruebas que incluyen capturas de pantalla, enlaces informáticos y registros audiovisuales que documentan la compra del criptoactivo.
La decisión del tribunal refuta los argumentos con los que Servini había rechazado la participación de los damnificados, al considerar que no es necesario demostrar la existencia de un fraude para que puedan intervenir en la causa. Además, se destacó que las defensas no cuestionaron la autenticidad de las pruebas presentadas.
Durante la audiencia también estuvieron presentes los abogados de algunos de los imputados, entre ellos el trader Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Además de ellos, la causa involucra al presidente Milei y a empresarios como Hayden Davis, de Kelsier Ventures, y Julian Peh, de Kip Protocol. También podría ser incluida Karina Milei, hermana del mandatario, luego de que se conocieran testimonios que la vinculan con gestiones a favor de los inversores en criptomonedas.
El fiscal Eduardo Taiano busca determinar el rol del presidente y de su entorno en la promoción de $LIBRA y si hubo pagos de empresarios para gestionar reuniones con funcionarios en el Hotel Libertador, el Tech Forum, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. En ese marco, se han realizado allanamientos y análisis de comunicaciones de algunos de los implicados, aunque hasta el momento no se encontraron pruebas concluyentes en los registros incautados.
Por su parte, Grabois calificó el hecho como «una estafa a cielo abierto» y aseguró que la maniobra no podría haberse concretado sin el tráfico de influencias de Karina Milei y otros imputados. Tras la resolución judicial, afirmó que los responsables deberán responder ante la Justicia y devolver los fondos que los inversores perdieron.