A horas de la marcha del 8M, la Cámara Contencioso Administrativo Federal revoca la cautelar que frenaba la reducción de recursos para la protección de víctimas de violencia de género. La decisión favorece la postura del Ministerio de Justicia y avala el desfinanciamiento de políticas contra la violencia de género.
En una resolución tomada a pocas horas del 8 de marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la cautelar que había impedido al Gobierno reducir los recursos destinados a la protección contra la violencia de género. La medida se produjo luego de una acción colectiva presentada en junio de 2023 por varias organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaban el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres y las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, en relación con la protección de las mujeres y las diversidades.
La demanda colectiva, encabezada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), exigía claridad sobre los recursos y organismos que el Estado seguiría destinando a la protección de las víctimas, luego de la eliminación de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias.
En diciembre pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, había dado lugar a la medida cautelar, prohibiendo al Ministerio de Justicia reducir personal e infraestructura en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión y el juez Enrique Lavie Pico habilitó el recurso, que fue resuelto el 7 de marzo por la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Marcelo Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio Vincenti.
Las organizaciones demandantes habían expresado su preocupación por el despido masivo de empleados y el desfinanciamiento de programas clave en la lucha contra la violencia de género. Además, señalaron la falta de respuesta sobre qué mecanismos se implementarían para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta área. Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó estos reclamos, argumentando que solo se trataba de una reorganización de la estructura estatal.
La medida judicial tomada en vísperas del 8M ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y las diversidades, que advierten sobre un retroceso en la protección de los derechos humanos y una amenaza a los avances logrados en materia de equidad de género en la región.