El Gobierno nacional, a través del Decreto 70/2025, resolvió la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, en el marco del plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. La eliminación de este organismo se suma a la política de reducción del Estado, lo que generó la paralización de 103.367 obras en todo el país y la suspensión de más de 1.800 convenios.
Según denunciaron los gremios del sector, esta decisión tuvo un fuerte impacto en el empleo, con la pérdida de 170.000 puestos directos en la construcción y otros 400.000 indirectos. Además, señalaron que hay alrededor de 15.000 viviendas terminadas que aún no fueron entregadas a sus beneficiarios.
Las funciones que desempeñaba la Secretaría de Desarrollo Territorial pasarán a depender de la Secretaría de Obras Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, que de esta manera amplía su poder de gestión. Con esta reestructuración, el Ministerio de Economía suma un total de 14 secretarías y 31 subsecretarías en su estructura organizativa.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresaron su preocupación por el cierre de la Secretaría de Vivienda, que manejaba programas clave como Procrear, Casa Propia y Fonavi. Según el sindicato, la eliminación de este organismo dejará sin empleo a 500 trabajadores a partir del 1 de marzo, además de afectar el acceso a la vivienda para miles de familias en todo el país.