Los trabajadores del gremio aceitero han manifestado su preocupación ante la falta de avances en la negociación salarial y el incumplimiento de acuerdos de pago por parte de las empresas del sector. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores Aceiteros han emitido un comunicado en el que advirtieron sobre la posibilidad de un paro nacional si no se alcanzan soluciones a sus reclamos. Los trabajadores exigen el pago del bono de fin de año acordado en diciembre y avances en las paritarias de 2025, que aún no se han cerrado.
La denuncia principal de los sindicalistas es la creciente «militarización» de las fábricas, a través de la presencia de fuerzas de seguridad que, según ellos, están siendo utilizadas para reprimir los reclamos de los trabajadores. Daniel Yofre, secretario general de la Federación, destacó que además de la negativa de las empresas a cumplir con los acuerdos salariales, se han producido despidos injustificados de empleados que exigían lo que les corresponde. Entre los casos más relevantes se menciona la situación de una planta de biodiesel en San Lorenzo, donde cuatro trabajadores fueron despedidos tras reclamar por el pago del bono acordado.
La falta de cumplimiento por parte de las empresas, especialmente en lo que respecta al bono de diciembre, se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la negociación. A ello se suman los conflictos en diversas plantas del país, como la de Vicentín, que atraviesa una conciliación obligatoria, y las tensiones en otras firmas como Viterra en Bahía Blanca, donde los trabajadores siguen luchando por sus derechos. El sindicalismo aceitero también resalta que la respuesta del sector empresarial está siendo respaldada por el uso de fuerzas de seguridad, lo que consideran una acción represiva que limita su derecho a la protesta.
En este contexto, el gremio aceitero ha dejado en claro que, de no mediar soluciones rápidas, no dudarán en tomar medidas más drásticas, como un paro nacional, para hacer valer los derechos de los trabajadores y defender los avances que han logrado a lo largo de los años. La situación se agrava con la perspectiva de que no se garantice un entorno laboral pacífico ni el ejercicio pleno de la huelga, lo que podría desencadenar una respuesta más contundente del sector sindical.