La gestión de Javier Milei vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras una serie de declaraciones que han generado repudio tanto a nivel local como internacional. Esta vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a defender al mandatario por sus comentarios cargados de violencia y discriminación, los cuales dejaron al descubierto una postura que, según diversos sectores, atenta contra los derechos humanos y la diversidad.
Durante el Foro Económico de Davos, Milei volvió a cargar contra lo que él denomina «la agenda woke», utilizando como ejemplo un caso judicial en Estados Unidos que involucraba a una pareja homosexual acusada de abuso infantil. En su intervención, el presidente argentino afirmó que «la ideología de género constituye abuso infantil» y calificó a sus defensores como «pedófilos». Además, incluyó al feminismo, el aborto y el cambio climático dentro de lo que considera un «monstruo» que busca justificar la intervención del Estado.
Lejos de condenar estas declaraciones, Francos salió en defensa del mandatario. En una entrevista radial, el jefe de Gabinete aseguró que “cada uno puede vivir como quiera puertas adentro”, pero consideró que el Estado no debe promover cuestiones como la diversidad sexual. Estas afirmaciones encendieron aún más la polémica, dejando entrever una falta de compromiso con los derechos de las minorías.
Cuando fue consultado sobre si existían políticas públicas que promovieran la homosexualidad, Francos respondió de manera imprecisa, señalando “campañas escolares” sin detallar ejemplos concretos. Además, insistió en que la labor estatal no debe incluir la promoción de «estas actividades».
Por otro lado, el jefe de Gabinete también justificó un violento tuit de Milei, donde amenazó con «ir a buscar hasta el último rincón del planeta» a «los zurdos hijos de puta». Francos interpretó el mensaje como una invitación al debate y no como una amenaza, intentando maquillar un discurso que fue ampliamente repudiado.
La retórica del gobierno de Milei y la defensa férrea de su equipo plantean serias dudas sobre el compromiso de esta gestión con los valores democráticos y los derechos humanos. Diversos analistas consideran que estas actitudes buscan polarizar aún más a la sociedad argentina y desviar la atención de los problemas estructurales del país.