Por Miguel Saredi (*)
El primer año de la gestión de Javier Milei ha sido, por decir lo menos, complejo. Para quienes vivimos y trabajamos en el corazón del Conurbano bonaerense, especialmente en distritos como La Matanza, el panorama es alarmante y no hay lugar para eufemismos.
La ausencia del Estado nacional en temas de seguridad y la profunda crisis alimentaria son realidades que golpean cada barrio, cada familia y cada intendente, que debe ponerse al hombro una situación que claramente lo supera.
Entre el abandono y la falsa salida de armar a la población
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Milei ha optado por una retirada del Estado en cuestiones clave como la seguridad, bajo la bandera de la libertad individual. Sin embargo, lo que en un despacho suena a «libertad», en las calles del Conurbano significa “abandono”.
Las fuerzas federales, que en otros momentos han sido una presencia indispensable en territorios como el Gran Buenos Aires, prácticamente han desaparecido. Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal… todas ellas, otrora refuerzos en la lucha contra el delito, han dejado un vacío que rápidamente es ocupado por el narcotráfico, las bandas delictivas y una violencia descontrolada.
Frente a este panorama, la única propuesta que ha resonado desde satélites del Gobierno es el incentivo de la portación de armas. Es un camino peligroso, tan simplista como irresponsable. Armar a la población no soluciona la inseguridad; la agrava. En el conurbano, donde los conflictos sociales son cotidianos y el tejido comunitario está al límite, la proliferación de armas solo traerá más tragedias y mayor sufrimiento.
La responsabilidad del Estado no es desentenderse y convertir cada vecino en un potencial justiciero, sino garantizar la seguridad mediante políticas serias, presenciales y profesionales.
Crisis social: cuando los intendentes son el último bastión
Si la seguridad preocupa, la crisis alimentaria directamente aterra. Los comedores comunitarios, las organizaciones sociales y los municipios están al borde del colapso. El recorte de programas nacionales, los aumentos descontrolados de precios y la falta de una política clara para enfrentar el hambre generan una crisis humanitaria silenciosa.
En este contexto, los gobiernos locales están cumpliendo un rol titánico, pero desigual. Los intendentes, lejos de la comodidad de las oficinas palaciegas, caminan los barrios, escuchan a los vecinos y trabajan para contener una situación social que es insostenible.
Sin recursos nacionales y con las provincias también asfixiadas, los municipios se convierten en el único escudo entre la gente y la desesperación. Es imperioso que desde el Gobierno nacional se reconozca esta realidad y se abandonen las recetas dogmáticas que no contemplan el territorio ni la urgencia de los problemas.
El camino a seguir: una política nacional con enfoque territorial
Es cierto que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, pero reducir al Estado a su mínima expresión no es la solución. La inseguridad y el hambre no se resuelven con discursos ni con slogans; requieren presencia, inversión y planificación. El conurbano bonaerense necesita fuerzas federales que trabajen en coordinación con las policías locales, necesita inversión en prevención y políticas sociales activas. Necesita, en definitiva, un Estado que no abandone a su pueblo.
El primer año de Milei deja una lección clara: el abandono no es libertad, y la ausencia del Estado no genera orden, sino caos.
Las políticas de ajuste no pueden llevarse por delante la seguridad de los vecinos ni el plato de comida de los más vulnerables. Como siempre digo, los intendentes son el primer mostrador del Estado y el último refugio de los argentinos más golpeados. Pero solos no podemos. La reconstrucción del país comienza por abajo y requiere un Gobierno nacional presente, comprometido y, sobre todo, consciente de la gravedad del momento que vivimos.
La Argentina necesita un proyecto federal, justo y con sensibilidad social. Es momento de abandonar las recetas teóricas y volver a poner los pies en el territorio. Porque, como siempre, donde falta el Estado, gana el delito, avanza el hambre y pierde la gente.
(*) Abogado, especialista en seguridad