El gobierno argentino ha decidido poner fin al Plan Procrear, el programa de acceso a la vivienda impulsado en 2012, y transferir a privados las obras habitacionales que habían sido iniciadas. Esta decisión, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, marca el cierre definitivo de uno de los programas más importantes para facilitar el acceso a la vivienda propia en el país. A partir de ahora, las viviendas que quedaron a medio construir podrán ser adquiridas mediante créditos hipotecarios sin la intervención estatal.
El subsecretario de Vivienda, Santiago Sánchez Sorondo, ya había anticipado la medida a representantes del sector inmobiliario, explicando que más de 17,000 viviendas no se terminarán bajo el financiamiento estatal. Las últimas familias beneficiarias del Procrear II en 2023 recibieron un cambio de términos en sus préstamos, transformándolos de créditos hipotecarios a personales, lo que refleja la intención de aliviar la carga económica en las finanzas públicas.
El Procrear había ofrecido líneas de crédito para construcción y urbanización a tasas bajas, permitiendo que miles de familias sin grandes ahorros accedieran a una vivienda propia. Entre 2012 y 2015, el programa facilitó la construcción de cerca de 120 mil viviendas, y en su última fase, entre 2021 y 2023, alcanzó la entrega de 65 mil créditos, permitiendo concluir la mayoría de las viviendas previstas.
Para reemplazar el programa, el gobierno implementará «hipotecas divisibles», una modalidad que permitirá a desarrolladores inmobiliarios financiar la construcción de viviendas en proyectos a gran escala. Estas hipotecas permitirán que los desarrolladores dividan la deuda en partes que podrán ser transferidas a los compradores, sin que el Estado participe como garante. Con esta medida, el gobierno busca liberar el sector inmobiliario de lo que considera «restricciones innecesarias».