El Foro Multisectorial Contra los Tarifazos, junto con la Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor (ADDUC), ha interpuesto una acción de amparo ante la Justicia Federal en respuesta a los recientes aumentos en las tarifas de servicios públicos, argumentando que son «desproporcionados, irrazonables y confiscatorios». La demanda apunta directamente al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía, a los entes reguladores y a las empresas que prestan servicios de electricidad, agua y gas en la provincia de Buenos Aires.
Los solicitantes piden que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones que establecen los nuevos cuadros tarifarios. Además, se exige a las empresas demandadas que se abstengan de cobrar cualquier suma de dinero relacionada con las normativas impugnadas. También se plantea la necesidad de crear un nuevo esquema de precios y tarifas que se ajuste a la Constitución y a las directrices fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La demanda subraya la importancia de mantener la tarifa social.
Osvaldo Bassano, de ADDUC, destacó que la carga de la canasta básica de luz, agua, gas y transporte ha duplicado su peso sobre los ingresos de los trabajadores del sector formal privado en menos de un año. «Las tarifas actuales violan el espíritu y la letra de la Constitución», declaró. Por su parte, Adrián Ganino, coordinador del foro, enfatizó que el actual esquema tarifario deteriora el poder adquisitivo y genera más desigualdades, instando a la necesidad urgente de poner un freno a los aumentos.
Las tarifas de servicios públicos han liderado el incremento de precios, superando la inflación general medida por el INDEC. La clase media es la más afectada, con un aumento en la tarifa de luz del 758%, en contraste con un incremento salarial del 154% en el mismo período. En términos de combustibles, los precios de la electricidad y el gas han crecido un 357,9%, mientras que la inflación general se ha elevado un 146,9%.
En el área metropolitana, la tarifa de gas ha subido un 198,8% para la clase media, mientras que ha aumentado un 225,9% para los sectores de menores ingresos. Las resoluciones en cuestión, según la demanda, violan múltiples artículos de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, además de declarar una emergencia en el ámbito energético y promover una amplia desregulación en el comercio y los servicios.
Por último, el Foro Multisectorial ha convocado a un Apagón Nacional para el 31 de octubre, de 21 a 21.10 horas, como forma de protesta contra los aumentos tarifarios que afectan gravemente a la población.