El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha lanzado una campaña para desmentir cinco afirmaciones falsas que circulan en el ámbito gubernamental, las cuales buscan justificar el ajuste y el veto a la ley de financiamiento universitario. A través de un comunicado, el CIN afirmó que “para seguir siendo una nación, sí al financiamiento universitario”.

La crisis que atraviesan las universidades públicas argentinas ha llevado al CIN a refutar argumentos repetidos por representantes del Gobierno. Entre las declaraciones cuestionadas se encuentra la del diputado José Luis Espert, quien sostuvo que “la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van”. Esta afirmación ha sido desmentida por el CIN, que aboga por el acceso equitativo a la educación superior.

Además, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ha sido objeto de críticas por acusar a las universidades de “inventar alumnos” con el fin de incrementar su presupuesto. Estas afirmaciones se alinean con un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que aseguró que las universidades «no se dejan auditar».

En este contexto, las universidades públicas de Argentina se manifiestan enérgicamente ante la difusión de estas falsedades, reafirmando su compromiso con la educación y la necesidad de financiamiento adecuado.

Las mentiras

  1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos.
  2. Los pobres no están en las universidades.
  3. No se audita lo que gastan.
  4. Los salarios están por encima del sector público en general.
  5. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal.

Las verdades del CIN

  1. Inventan estudiantes para cobrar más fondos
  • En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
  1. Los pobres no están en las universidades
  • El 48.5 % de los/as estudiantes inscriptos/as en materias de 2024 están por debajo de la línea de pobreza (EPH – INDEC). Casi siete (7) de cada diez (10) alumnos/as de los/as dos (2) millones que componen el sistema universitario público argentino, tienen padres y madres que no fueron a la universidad: son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.
  1. No se audita lo que gastan
  • Los gastos de las universidades se componen en un 90 % en salarios (registrados) y un 10 % en gastos de funcionamiento (servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones y un mínimo equipamiento) que se rinden.
  • Las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas (incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación). Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto.
  1. Los salarios están por encima del sector público en general
  • Los/as trabajadores universitarios/as perdieron más que ningún/a otro/a asalariado/a desde diciembre de 2023, incluso más que los/as empleados/as públicos/as del Estado Nacional. Los salarios de más del 85 % de los/as docentes de las Universidades Nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores universitarios/as durante el 2024 fue de más del 30 %.
  1. La Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal
  • La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del Producto Bruto Interno (PBI). Similar, por ejemplo, a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar los bienes personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14 % se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.